El Puerto espera que Muelle Uno retire la reclamación por el 'súper'

El presidente del Puerto de Málaga, José Sánchez Maldonado, confió ayer en que los promotores de Muelle Uno, el centro comercial ejecutado en el recinto portuario, retiren la reclamación de casi siete millones de euros que hacen a la entidad después de que, a finales de 2010, vetase la posibilidad de instalar un supermercado de la firma Carrefour en l denominada esquina de oro.

La esperanza del dirigente portuario, que llevó a hablar de esta exigencia económica como de "espada de Damocles", tiene su base en la existencia de una reunión el pasado mes de diciembre en la que, según su versión, las empresas vinculadas al proyecto se comprometieron a "arreglar" este asunto y "a encontrar una solución". Transcurridos varios meses, Sánchez Maldonado dijo no tener constancia de que Muelle Uno haya actuado en una u otra dirección. "No me consta que se haya producido una solución ni que hayan achuchado en este tema", comentó. Las fuentes consultadas por Málaga Hoy, próximas al Puerto, precisaron días atrás que la citada reclamación seguía viva.

La previsión del presidente es que el asunto sea abordado en una próxima reunión con los promotores privados. "Cuando nos sentemos este tema tiene que estar encima de la mesa", dijo, y confió en que una vez ha tomado trascendencia pública el asunto haya un movimiento por parte de Muelle Uno. Preguntado por si existe temor ante esta exigencia, que de llevarse a efecto supondría un descalabro importante en las finanzas del Puerto, aludió a que la información de la que dispone es que el consejo de administración que enterró el supermercado se ajustó "a la más estricta legalidad". Málaga Hoy trató ayer, por segundo día consecutivo, de conocer la posición de la promotora sobre este asunto, sin que hubiese pronunciamiento alguno.

Juega a favor del Puerto el escenario abierto en los últimos meses, en el que los gestores del centro comercial reclamaron al dirigente "facilidades" para poder afrontar el pago del canon anual al que están obligados por contrato, dado el mal momento económico actual. La aportación que la firma tiene que abonar cada ejercicio, durante un periodo de 35 años, es de 800.000 euros (un 30% más que lo exigido en el pliego de condiciones del concurso), a lo que sumar un 5% de la facturación de los establecimientos.

La respuesta de Sánchez Maldonado es favorable a esta reclamación. "Estamos abiertos a analizar las mayores facilidades dentro de la legalidad", expuso. Algo que, en cualquier caso, se antoja complicado de seguir firme la petición de compensación por prohibir el súper.

Los resultados del proyecto comercial no están siendo, de momento, los esperados. Así lo refleja el que Unicaja, que participa en el proyecto a través de su filial inmobiliaria, Acinipo, con el 29%, presentó en 2011 unas pérdidas de 550.000 euros con el proyecto del puerto, según publicó en su momento el periódico Expansión. La extrapolación de este dato a la globalidad de la sociedad supondría elevar los números rojos a cerca de 1,6 millones.

El rechazo formal del Puerto a situar un supermercado en la denominada esquina de oro fue aprobado el 21 de diciembre de 2010, tras un amplio rechazo institucional y ciudadano. La justificación a la que se agarró el ente para avalar la decisión fue que la oferta comercial de la adjudicataria del muelle de La Farola no incluía este uso como locomotora del nuevo espacio.

Al tiempo, la Autoridad Portuaria se dotó de un informe de la Abogacía del Estado según el cual es el consejo de la institución el que dispone de la autoridad para tomar la decisión, una resolución con la que el ex presidente del organismo, Enrique Linde, quería anular cualquier vía de reclamación judicial por parte de la firma afectada.

El informe de la Abogacía del Estado concluía que con su apuesta por el supermercado, la concesionaria incumplía el pliego de condiciones, en cuyas cláusulas se determina que los usos a ejecutar "deben ser los contemplados en la oferta, en la que no se hacía de manera alguna referencia al uso alimentario".

"Ser adjudicatario de la explotación no permite al concesionario introducir libremente cualquier uso comercial", añadía el documento, que apuntaba que si se admitiese que la empresa se desviara de los términos en que hizo la oferta, "se lesionarían los derechos de los terceros concurrentes que, al presentar su oferta, previeron el impacto negativo que tendría en la puntuación de sus ofertas la inclusión de un supermercado".

Hoy, según otras fuentes consultadas, se mantiene viva la opción de que el Muelle Uno sí cuente con una tienda de alimentación, aunque poco tendría que ver con el establecimiento que provocó la polémica. De hecho, las fuentes indicaron que una de las posibilidades pasaría por un establecimiento de unos 1.500 metros cuadrados, tipo gourmet.