Los jueces de primera instancia de Málaga en un extraordinario gesto de crítica y rebeldía se levantaron ayer contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de designar a un único juez para que se haga cargo a partir del 1 de junio de todas las demandas por cláusulas suelo y gastos de hipoteca que se presenten en la provincia de Málaga. El juez decano, José María Páez, junto a los titulares de los 15 juzgados de la capital que se ocupan de pleitos civiles (sin contar con los tres juzgados de familia ni el de incapacidades) y los letrados de la Administración de Justicia comparecieron ayer para mostrar su desacuerdo con la decisión adoptada por el CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, para gestionar el espinoso asunto de las cláusulas suelo y gastos de hipotecas. La solución de designar a un único juez para atender las demandas que se puedan presentar en Málaga, donde se calculan 50.000 afectados, provocará un atasco monumental, muchísimo más grave del que existe en la actualidad. Los jueces subrayaron ayer su temor a "defraudar las expectativas de los ciudadanos" que se decidan a dar el paso de reclamar judicialmente cantidades pagadas a los bancos que consideran abusivas. Consideran "imposible" dar una respuesta adecuada a los ciudadanos que acudan a los juzgados con el plan que ha acordado el CGPJ.

Las primeras demandas contra las cláusulas suelo se asignaron a los juzgados de lo mercantil. En Málaga hay dos, con cuatro magistrados, que pronto se vieron colapsados. Aquella saturación explica por qué en este momento hay 3.000 procedimientos en estos órganos judiciales pendientes de juicio, con una media de espera de cuatro años para llegar a sentencia.

Ante este panorama, se decidió que las demandas contra las cláusulas suelo que han aplicado los bancos a las hipotecas se derivaran a los juzgados de primera instancia, que se ocupan de resolver las causas civiles. Desde octubre de 2015, es decir en apenas año y medio, se han atascado en los 50 juzgados de primera instancia de la provincia otros 2.400 procedimientos por cláusulas suelo. La media de tramitación en este caso alcanza los dos años en Málaga.

En febrero de este año el Consejo General del Poder Judicial acordó un plan de urgencia para hacer frente al previsible aumento de los litigios relacionados con las hipotecas después de que Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictara una sentencia en diciembre de 2016 que obliga a la banca a devolver todo lo cobrado por cláusulas suelo y no solo lo ingresado desde 2013, como había establecido el Tribunal Supremo. Este pronunciamiento fue un formidable varapalo para las entidades financieras que durante la época del boom inmobiliario habían suscrito hipotecas con sus clientes que les impedían beneficiarse de las rebajas de los tipos de interés. A ese golpe se sumó solo unos días después otro fallo del Tribunal Supremo que también incluye entre las cantidades a restituir las derivadas de los gastos de constitución de la hipoteca.

El Gobierno trató de reaccionar ante el sustancial cambio de las reglas de juego y en el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, estableció un plazo de tres meses para que los afectados y los bancos negociaran la devolución de las cantidades cobradas indebidamente. Este plazo concluye el día 1 de junio. Sin embargo, la percepción de los jueces de Málaga apunta que se están negociando y firmando pocos acuerdos extrajudiciales. Es decir, todos los indicios hacen temer que a partir del 1 de junio se produzca una avalancha de demandas de particulares que reclaman la devolución de cantidades pagadas por gastos de constitución de las hipotecas y cláusulas suelo.

Los magistrados de Málaga se mostraron ayer preocupados por que la Justicia no sea capaz de responder en tiempo y forma a las expectativas de los ciudadanos. En su opinión el plan que propone el CGPJ, de cuya buena fe no dudan aunque en su última junta celebrada en febrero afirmaron que beneficiará fundamentalmente a los bancos, es totalmente ineficaz en una zona como esta, donde los juzgados padecen tal colapso que la jurisdicción civil ya trabaja un 150% por encima de los topes fijados como ideales por el propio órgano de Gobierno de los jueces.

El escenario que se avecina es todavía más grave porque la solución articulada por el Poder Judicial pasa por adscribir a uno de los juzgados existentes un juez que todavía no ha concluido su etapa formativa en la Escuela Judicial de Barcelona para que asuma la totalidad de las demandas que se presenten a partir del 1 de junio en la provincia. Es decir, deberá gestionar un volumen de trabajo que ahora se distribuye en 50 juzgados. Ese juez junior estará al frente de un equipo compuesto por un letrado de la Administración de Justicia y cuatro funcionarios, cuando lo normal es que un solo juzgado cuente al menos con ocho funcionarios. Además, las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en Justicia, en este caso la Junta de Andalucía, tendrán que aportar esos cuatro funcionarios, una medida que implica coste y que se ha adoptado sin contar con la opinión de los gobiernos autonómicos.

Para los jueces de Málaga, la única fórmula eficaz para digerir las demandas por cláusulas suelo pasa por crear cinco juzgados bis de primera instancia. Esto significa, que cinco de los 15 órganos judiciales civiles dispondrían de un juez, un letrado y un equipo de funcionarios adicionales a los existentes en cada uno de ellos solo para hacerse cargo de las demandas relacionadas con las hipotecas que se presenten a partir del día 1 de junio en Málaga.

José María Páez Juez decano de Málaga