El Ayuntamiento de Málaga se está topando con un muro a la hora de encontrar viviendas en propiedad o en régimen de alquiler que destinar a familias que se encuentran en situación de emergencia social. La problemática a la que se enfrenta el Consistorio se ve agravada después de que la última convocatoria impulsada para arrendar 10 pisos que iban a ser destinados a un uso social haya quedado desierta. Para ello se cuenta con una suma de 150.000 euros. El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, confirmó este extremo, señalando que ante la ausencia de personas dispuestas a alquilar los inmuebles al Ayuntamiento, se ha abierto una senda alternativa de negociación con hasta 40 inmobiliarias asentadas en la ciudad.

La negativa de los vecinos a acogerse a este procedimiento sorprende de manera especial si se tiene en cuenta que el compromiso municipal era el de abonar un alquiler máximo de 900 euros mensuales, garantizando un contrato de hasta un año. A esto se suma que el abono del arrendamiento se haría en un solo pago, es decir, por todo el periodo. A pesar de ello, la renuencia es clara.

La renta mensual máxima fijada por el IMV para estos pisos es de 900 euros

¿Por qué? No parece que en este caso el valor del alquiler sea un impedimento, por cuanto el mismo, según indicó el edil del PP, se ha tratado de actualizar conforme a los valores del mercado, claramente marcado por el boom de la vivienda turística y la escasez de oferta. Es por ello que algunas fuentes consultadas apuntan de manera clara a la inquietud que pueden tener los propietarios de esos inmuebles de alquilarlos para que sean ocupados por familias en situación de emergencia.

La iniciativa municipal vio la luz el pasado 7 de julio, estando abierto el plazo para la presentación de propuestas hasta el 23 de julio. Transcurrido el plazo, la respuesta ha sido nula. La apuesta del Consistorio por esta vía de acción trataba, precisamente, de corregir el fracaso de la línea de compra de pisos, iniciativa puesta en marcha hace ya varios años. A diferencia de lo ocurrido en ocasiones anteriores, este año tampoco ha habido propietarios interesados en vender sus casas al Ayuntamiento, algo que está muy relacionado con el incremento de los valores del mercado residencial y el hecho de que el plan municipal tiene tasado en hasta 60.000 euros el precio máximo a pagar por un inmueble.

En estas condiciones, desde el área de Derechos Sociales se hizo hincapié en la existencia de unidades familiares que tras superar "las dificultades que le han llevado a su situación de sin hogar, adquiriendo habilidades para su integración" se ven incapaces de conseguir un alojamiento. Un reto que se convierte en "imposible de franquear" debido al alza de los precios incluso en el caso de que reciban las ayudas habilitadas por el propio Consistorio para sufragar buena parte del coste de arrendamiento. Las mismas alcanzan los 450 euros mensuales.

Todo ello "imposibilita" su salida de la red de personas sin hogar, lo que puede contribuir al "colapso" del servicio. Según Derechos Sociales, a fecha de principios de junio, eran diez las familias con perfil de "sinhogarismo" en lista de espera para acceder a los recursos residenciales de este programa.

La directora general de Derechos Sociales, Ruth Sarabia, confirmó que hasta el momento se está pudiendo dar respuesta a las necesidades de alojamiento de estas familias, bien por los medios municipales o en colaboración con varios colectivos. Para Sarabia, la dificultad actual con la que se topa el Ayuntamiento está más relacionada con "un mercado en constante crecimiento y que con los alquileres turísticos los dueños creen que pueden sacar más beneficio alquilando por días o semanas".

Las viviendas demandas por el Ayuntamiento deben tener una superficie superior a 70 metros cuadrados útiles; todas sus habitaciones tienen que dar al exterior o a patio interior; deben estar en buen estado de conservación, habitabilidad y accesibilidad; estarán amuebladas y en condiciones que permita su inmediata ocupación...