Las formas son el centro de la diana de la estrategia de Juan Antonio Roca para rebatir los cargos por blanqueo de capitales en el caso Malaya. La legalidad de las escuchas telefónicas y el control judicial sobre la documentación intervenida en los múltiples registros domiciliarios constituyen los cimientos de su defensa.

La abogada Rocío Amigo, que ejerce la defensa del cerebro de la supuesta trama de corrupción política y urbanística de Marbella, trató ayer de arrancar dudas al jefe del grupo tercero de la unidad de delitos fiscales y de blanqueo de la Comisaría General de la Policía Judicial que durante años investigó si las inversiones, a través de sociedades a nombres de terceros, sirvieron para dar salida a los fondos que Roca presumiblemente obtenía a través de un sistema de extorsión de promotores y compra de concejales.

La sesión se convirtió en un tira y afloja en el que la letrada, durante un interrogatorio de apariencias sumamente edulcoradas, trató de hacer ver que el grueso de las pruebas contra el ex asesor de urbanismo de Marbella se obtuvieron a partir de unas intervenciones telefónicas que, de acuerdo con la tesis que expuso el miércoles de la semana pasada, son de legalidad dudosa.

Rocío Amigo subrayó que la Policía nunca hubiera podido establecer la relación entre Roca y su vasto patrimonio si no hubiera tirado del hilo de lo que escuchaba a través de esos teléfonos pinchados. El mando policial, sin embargo, recordó que además de la información que se obtenía en las escuchas existían otros indicios obtenidos en seguimientos policiales y determinados documentos intervenidos en el caso Saqueo I, que concluyó en condena firme por el desfalco de las arcas municipales de Marbella, en el que figuraban los nombres de sus principales colaboradores sobre los que ahora recaen acusaciones de blanqueo de capitales.

Sin embargo, la abogada puso en cuestión la legalidad de esa documentación en primer lugar porque formaba parte de una causa judicial entonces, según dijo, estaba secreta por lo que en principio no debía de estar al alcance de la Policía. En segundo lugar resaltó que esos documentos fueron intervenidos en 2002 y hasta 2006, coincidiendo con las intervenciones telefónicas, no se pudo establecer quiénes eran las personas a las que aludía.

La custodia de los documentos intervenidos en los registros de despachos y domicilios compone el segundo gran bloque que la defensa de Juan Antonio Roca busca destruir apelando a la legalidad de las formas. En este caso, aseguró que el material no quedó bajo custodia judicial, sino policial, sembrando la sospecha en torno a presumibles manipulaciones de pruebas.

Estos dos fueron los aspectos también abordados durante el interrogatorio por el abogado Francisco Zurita, procesado por presunto blanqueo en esta causa en la que ejerce también la defensa de su compañero de despacho Manuel Sánchez Zubizarreta. No obstante, las maneras del letrado nada tienen que ver con la sinuosa cordialidad de su compañera de estrado. De hecho, Francisco Zurita se ganó ayer serias reprimendas del tribunal que juzga el caso Malaya y que preside el magistrado José Godino.