El ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción que desmanteló la operación Malaya, sólo ha podido disfrutar de nueve días de libertad. Ayer, el juez central del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, decretó su ingreso en prisión por su presunta implicación en el caso Saqueo I, una medida que podrá eludir si paga una fianza de 3 millones de euros. A la espera de que lo haga, Roca fue conducido ayer a la prisión madrileña de Soto del Real.

La decisión fue adoptada durante una vistilla que se celebró a instancias del PP de Marbella, que como acusación popular en este caso, solicitó hace unas semanas al tribunal que Roca regresase a la cárcel ante la posibilidad de que éste se fugase para no responder a la acción de la justicia. La Fiscalía Anticorrupción también pidió ayer el ingreso en prisión preventiva de Roca.

Tras escuchar a todas las partes, el juez, que sustituye al frente del juzgado Central número 6 a Juan del Olmo, se encerró en su despacho durante más de cuatro horas antes de determinar que existe "un elevado riesgo de fuga" del acusado y que la presunción de que pueda huir "no es aventurada y por el contrario, presenta visos de elevada probabilidad", según el auto, al que ha tenido acceso este periódico.

La Fiscalía Anticorrupción reclamó en abril de 2006 en su escrito de calificación del caso Saqueo I una pena de diez años de cárcel para el ex asesor urbanístico, además de que éste afronte conjuntamente con los otros imputados, entre los que se encontraba el desaparecido Jesús Gil, una indemnización de 36 millones de euros para el Ayuntamiento por el supuesto perjuicio causado. La solicitud de tan "elevadísima responsabilidad civil" se debe a que en el caso se investiga el presunto desvío de 36 millones del Consistorio marbellí a empresas privadas falsas entre 1991 y 1995, añade la resolución del juez.

Otro de los argumentos de la acusación popular para justificar el ingreso en prisión de Roca era que tiene 44 procedimientos pendientes con la Justicia, entre los que destaca el archiconocido caso Malaya. Además, el juez expone que el acusado cuenta, presuntamente, con "patrimonio en el extranjero, de difícil control e incautación judicial". En este punto alude a las sospechas recogidas en el sumario de Malaya que apuntan a que el ex asesor de Urbanismo es titular, supuestamente, de cuentas bancarias en "territorios calificados como paraísos fiscales", entre los que se mencionan el Principado de Andorra, las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas, Suiza y la Isla de Man.

Otros argumentos esgrimidos por la acusación han sido la cercanía de la celebración del juicio oral por el caso Saqueo I o la imputación de otros miembros de la familia de Roca en Malaya, que refuerza, a su juicio, la teoría de que el antes hombre fuerte de Jesús Gil podría eludir la acción de la Justicia. En este sentido, esta parte acusadora hizo hincapié en que ya existen en Marbella precedentes de cargos públicos que se han fugado cuando han tenido problemas con la Justicia, tal y como ocurrió con el concejal del PA Carlos Fernández, imputado en Malaya, o con el edil del GIL José Antonio Yagüe, condenado por un delito contra la ordenación del territorio y con varios casos pendientes.

En cuanto a los 3 millones de euros impuestos a Roca como fianza, el juez advierte en su auto que restarán los 450.000 euros que Roca ya pagó como fianza cuando fue detenido por primera vez en el año 2002. Está imputado por un presunto delito de malversación de caudales públicos y otro continuado de falsedad en documento mercantil. El magistrado recuerda que hace seis años recaudó su aval en un plazo de 24 horas. Ayer, la Fiscalía Anticorrupción mostró sus reservas hacia cuatro de los fiadores del ex asesor de Urbanismo, ya que considera los fondos de "dudosa licitud", según recoge el auto.

La resolución también menciona cómo el acusado tardó sólo 18 días en recopilar el millón de euros impuesto como fianza por el instructor del caso Malaya, lo que hace "presumir" que Roca "cuenta con amistades y vínculos familiares" que pueden hacer frente al importe de 3 millones. Aquí vuelve a plantear "sospechas" de que el imputado posee "patrimonio en el extranjero" que no ha podido ser localizado aún por las autoridades judiciales.

Esta decisión judicial ha sido acogida con satisfacción por los colectivos vecinales del municipio, que hace tan sólo una semana celebraron una concentración contra la excarcelación de Juan Antonio Roca, que dejó la cárcel granadina de Albolote tres días antes de la convocatoria. Unas 2.000 personas secundaron la iniciativa vecinal.