Cuando se acaban de cumplir cinco años de que se hiciera pública por parte de la Audiencia de Málaga la sentencia del caso Malaya, sobre la corrupción en la localidad malagueña de Marbella, tanto la Sala como la Fiscalía siguen realizando gestiones para impulsar la ejecución de la resolución, sobre todo, en lo que se refiere al pago de las multas y otras responsabilidades económicas de los acusados. La ejecución de esta sentencia no es tarea fácil por el número de condenados y gestiones necesarias, sobre todo en lo que a las multas y los pagos de responsabilidades civiles se refiere; pero, según han indicado a Europa Press las fuentes consultadas, el trámite está "bastante avanzado", teniendo en cuenta el volumen de la resolución.

El Tribunal de Málaga y la Fiscalía siempre ha querido garantizar el pago por parte de los acusados de las responsabilidades económicas impuestas en la sentencia y para ello, entre otras gestiones, se habilitó una página web, denominada www.ventadebienesmalaya-roca.com, que ha sido pionera, y con la que ha sido posible vender importantes bienes, pero prácticamente todos relacionados con el principal condenado, Juan Antonio Roca, y sus sociedades.

Se cumplen cinco años desde que se hiciera la pública la sentencia, con 95 acusados

Paralelamente, también se han realizado averiguaciones de bienes de otros condenados y la Fiscalía entiende que tras esto se debe llevar a cabo la ejecución del pago de las multas por parte de éstos, que en la mayoría de los casos, según las fuentes, son de cuantía "ciertamente notable". El objetivo es que se realice "una venta ordenada" del patrimonio de esos procesados.

La idea sería hacerlo a través de la entidad especializada que gestiona el patrimonio de Roca y sus sociedades, que tiene un encargo similar de la Audiencia Nacional, pero sin que fuese necesario que administrara los bienes de los demás condenados, sino que los vendiera para hacer frente en primer lugar a las responsabilidades civiles y después a las multas, según tiene establecido la ley. Esa enajenación se podría realizar incorporando poco a poco en dicha web los bienes de determinados condenados que tengan pendiente el pago de responsabilidades pecuniarias y que sean susceptibles de subasta, como ya se hizo con el marchante de arte Alberto Pedronzo, del que se ha obtenido unos 653.900 euros, han apuntado las fuentes; y de la ex edil Carmen Revilla.

El fallo de la sentencia sobre los 95 acusados comenzó a leerse a las 11:20 del viernes día 4 de octubre de 2013 en medio de una gran expectación mediática. La redacción de la resolución llevó más de 12 meses, tras dos años de juicio -de septiembre de 2010 a julio de 2012-, y resultó con más de 5.800 folios, en los que se condenó a 46 acusados y se absolvió al resto. El principal acusado, Juan Antonio Roca, fue condenado a once años de cárcel y al pago de una multa de 240 millones de euros por los delitos de cohecho pasivo, blanqueo, fraude y prevaricación. También resultaron condenados la ex alcaldesa Marisol Yagüe, ex ediles como Isabel García Marcos o Pedro Román, y empresarios; a alguno de los cuales se le impusieron multas millonarias.