El caso Malaya, la operación contra la mayor trama de corrupción urbanística destapada en España durante el gilismo hace ya casi 10 años, llegó ayer a su recta final. La Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha iniciado la ejecución de la sentencia, que obliga a 27 procesados con penas superiores a los dos años de cárcel a ingresar en el centro penitenciario que ellos elijan. Las condenas suman un total de 110 años.

Fue a última hora de la mañana cuando el Tribunal que juzgó la causa notificó a los penados el auto, en el que figura que deberán entrar en prisión, entre otros, la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, que, considerada responsable de un delito de cohecho pasivo, otro continuado de cohecho pasivo, malversación de caudales y fraude, está condenada a cinco años y seis meses de prisión y al pago de una multa de 2.302.700 euros.

También deberá hacerlo Isabel García Marcos, la que fuera el azote de Jesús Gil durante sus años como concejala socialista y expulsada del PSOE en el 2003 por apoyar la moción de censura que derrocó al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz. Tendrá que cumplir tres años y seis meses y afrontar una multa de 700.000 euros.

Otro de los penados es Juan Antonio Roca, cerebro de la trama corrupta y ex asesor de Urbanismo de Marbella, que el próximo mes de marzo cumplirá diez años entre rejas por otras causas judiciales. Está condenado a 18 años de prisión y a una sanción que asciende a casi 233 millones de euros.

En la lista de citados destaca también, aunque en su caso a tres años y seis meses de prisión y a una multa de 16 millones, el empresario José Ávila Rojas, como autor de un delito continuado de cohecho activo y otro de blanqueo de capitales. El mismo bloque lo forman 11 ex concejales, con penas que van desde los cinco años y medio a los dos años y medio de prisión. Entre ellos está Tomás Reñones, que fue alcalde en funciones de Marbella desde la detención de Yagüe el 29 de marzo hasta la toma de posesión de la comisión gestora el 21 de abril. Otros condenados son José Jaén, Pedro Pérez, Vicente Manciles, María del Carmen Revilla, Belén Carmona, José Luis Fernández Garrosa, María José Lanzat, Rafael González, Rafael Calleja y Emilio Jorrín. También destaca el ex primer edil Pedro Román, con una pena de tres años y medio de cárcel por sus relaciones empresariales con Roca; y constructores como Carlos Sánchez y Andrés Liétor -con cuatro años y cuatro meses de prisión cada uno-; o Maximo Filippa -con tres años y seis meses de cárcel.

En cuanto a los testaferros, condenados por blanqueo de capitales, el auto recoge el caso de Montserrat Corulla, que deberá cumplir tres años y medio de prisión y pagar una multa de 30 millones de euros; el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta, condenado a cuatro años de cárcel y a 100 millones de euros de multa; además de Juan Hoffman, al que le constan cinco años de prisión; el contable Salvador Gardoqui, con cuatro; y el cuñado de Roca, que se enfrenta a una pena de dos años y medio de prisión.

El plazo de 10 días para ingresar en prisión comenzaría a contar a partir de hoy. La intención de algunas defensas es que se computen los días de asistencia a juicio y las comparecencias en el juzgado durante la instrucción, según precisaron fuentes judiciales. Algunos condenados se encuentran fuera de España, pero la mayoría ya se han puesto en contacto con la Sala para comunicarles que cumplirán con la ejecución en el plazo establecido. De no poderse notificar el auto a alguna persona por estar en paradero desconocido se decretará su orden de busca y captura cumplido el plazo de diez días, subrayaron fuentes del citado Tribunal.

Respecto a los 18 condenados a los que se ha requerido que primero paguen la multa y la responsabilidad civil, si la tienen, ya que las penas de prisión son de dos años o menos, el Tribunal analizará cada caso para determinar si procede, tras solicitarlo las defensas, suspender la pena de prisión, lo que dependerá de que hayan pagado la multa y de los antecedentes penales.

En el auto, que se puede recurrir en súplica, también se acuerda dejar sin efecto las medidas cautelares que aún existieran respecto de los acusados que resultaron absueltos. Además, se precisa que las penas de inhabilitación impuestas a los ex concejales se refieren a empleo o cargo público electo, referido a alcalde, edil o participación electiva en el ámbito local.

El pasado 29 de julio, el Tribunal Supremo dio al caso el carpetazo definitivo con una reducción a 48 del número de condenados y un incremento en seis años de la pena de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial a Juan Antonio Roca. La sentencia emitida en primera instancia fue calificada en su día de histórica por aceptar las pruebas y postulados fundamentales de la Fiscalía Anticorrupción. Se esperaba un aumento de las penas de cárcel para los condenados, como solicitó el Ministerio Público ante el Alto Tribunal, lo que no llegó a producirse en su totalidad.

Desde ese momento, la Sala de Málaga ha trabajado en iniciar la ejecución de la sentencia, firme desde noviembre de 2015, según consta en la resolución notificada ayer. Para llevar a cabo esta ejecutoria, se han tenido en cuenta las modificaciones introducidas por el Supremo, así como los autos aclaratorios.

Con este auto de ejecución se dan por concluido diez años de instrucción y enjuiciamiento de la trama más importante de la historia judicial del país. Los abogados afrontaron un reto mayúsculo: el sumario sumaba 200.000 folios, repartidos en los 196 tomos de la pieza principal. Y es que el caso Malaya ha sido el único que ha originado la disolución de un Ayuntamiento, el de Marbella en 2006, lo que conllevó la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones de 2007.