Torremolinos es el único municipio de la provincia de Málaga que ha rechazado el acuerdo por el que la Junta de Andalucía prevé asumir los gastos de la ayuda a domicilio, una de las prestaciones contempladas en la Ley de Autonomía Personal, según ha confirmado el presidente del PP en Málaga, Joaquín Ramírez.

Cuando la consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta, Micaela Navarro, presentó la orden el pasado 13 de diciembre, todos los ayuntamientos del PP se negaron a firmarla al considerar que la dotación económica no cubriría ni el 10 por ciento de las necesidades existentes.

Navarro se comprometió a que liberaría un primer desembolso de 15 millones de euros para la provincia, pero que la dotación económica se iría incrementando "sin límite ninguno" a medida que fueran aumentando las necesidades.

Al final, todos los ayuntamientos populares aceptaron el primer montante, aunque presentaron una addenda en la que reclamaban una cantidad mayor y una información más concreta sobre la forma de desarrollar el servicio.

Sólo Torremolinos decidió renunciar a los primeros 115.000 euros que le fueron destinados y, de momento, al resto de partidas que se vayan aprobando para ello. Ramírez defendió ayer la "autonomía del Ayuntamiento de Torremolinos para secundar o no el convenio de la Junta".

La ayuda a domicilio es una de las prestaciones que la Ley de Autonomía Personal ofrece a las personas dependientes, junto a los servicios de un cuidador, la plaza en una residencia o unidad de estancia diurna o las nóminas y el alta en la seguridad social para el familiar que atiende a la persona dependiente, entre otros. Se trata de un servicio que abonará la Junta de Andalucía, pero que prestarán los ayuntamientos.

La concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga, Mariví Romero, ha sido una de las más críticas con las imprecisiones del documento, que contempla 885.625 euros para la capital. "Con ese montante no cubro yo las necesidades de la población ni dos meses, dijo Romero que situó precisamente en 15 millones de euros (lo que la Junta ha liberado para toda la provincia) lo que necesitaría para atender las necesidades de la capital.

Otra de las objeciones planteadas por el PP pasaba por las 90 horas mensuales que, como máximo, contempla la orden de Bienestar Social para las personas con mayor nivel de dependencia, lo que se traduce en apenas tres horas diarias.