La decisión del Gobierno central de meter la tijera de forma considerable a los sueldos de los altos directivos de las empresas públicas puede volver a colocar al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en un brete. Y de nuevo con el salario de sus cargos de confianza como eje del asunto. Si bien es cierto que la determinación adoptada el pasado viernes por el Consejo de Ministros afecta exclusivamente a las empresas dependientes de la Administración central, no lo es menos que el mensaje que lanza con ello el Ejecutivo de Mariano Rajoy, del mismo color político que el equipo de gobierno malagueño, es contundente y puede marcar una guía a seguir. De acuerdo con los datos oficiales del Ayuntamiento, del largo listado de directivos y asesores con los que cuenta el Consistorio, hay cuatro casos en los que la iniciativa ahora puesta sobre la mesa podría aplicarse. Un número que sería superior de no haber sido porque De la Torre, en los últimos años, ha realizado hasta dos ajustes salariales a la baja a estos directivos.

El más claro de todos ellos es el del gerente de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), Miguel Ruiz, cuyos emolumentos brutos anuales se cifran en 131.837 euros, casi 26.000 más que el límite ahora fijado. Este organismo, a pesar de esta catalogado como sociedad anónima, tiene dependencia directa del Consistorio.

En los otros tres casos existen matices en cuanto a los salarios que finalmente perciben por su labor. Especial mención merece el gerente de Limasa, Rafael Arjona, por tratarse de un directivo de una sociedad mixta en el que la mayoría de las acciones, el 51% pertenecen a empresas privadas, FCC, Urbaser y Sando, mientras que el 49% restante está en manos municipales. Con esta precisión, Arjona percibe cada año 110.000 euros, a lo que suma 15.000 euros más de máximo en concepto de variables "que sólo percibe si cumple los objetivos". Objetivos que, como en otros supuestos, no se precisan. La misma fórmula retribuida es la que presentan el gerente de la Emasa, José Luis Rodríguez, cuya nómina bruta es de 102.173 euros más 24.000 por objetivos, y la directora del Palacio de Ferias y Congresos, Yolanda Aguilar, que ingresa de las arcas municipales 100.000 euros más otros 24.000 también por los logros conseguidos. En la frontera de la línea marcada ahora por el Gobierno se sitúa José Estrada, gerente de Promálaga, que percibe actualmente 105.000 euros anuales. Y apenas 2.000 euros por debajo está el gerente de Urbanismo, Javier Gutiérrez Sordo.

Ante el nuevo escenario abierto por el Ejecutivo del PP, De la Torre puede agarrarse a una evidencia, que él se anticipó en el tiempo a lo ahora acordado e impulsó hasta dos reducciones de sueldo a toda la horquilla de directivos del Ayuntamiento. Acciones que, en algunos casos, se tradujeron en importantes reducciones retribuidas, caso de José Estrada o Yolanda Aguilar, que

Sin embargo, al regidor del PP le puede pesar la claridad del mensaje expuesto por la vicepresidenta primero del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien al explicar la decisión esgrimió: "Hemos buscado garantizar que las empresas estén dirigidas por personas de la suficiente solvencia, pero siempre teniendo muy presente que las cantidades que se conocen hoy no pueden sostenerse para el sector público. Son tiempos de austeridad". Palabras que contrastan con las que meses atrás pronunciaba De la Torre ante la posibilidad de meter la tijera a los salarios de sus altos cargos. El regidor hablaba de "humanidad" al referirse a directivos que llegaban a percibir del orden de 200.000 euros anuales. Presionado por la dirección regional de su partido y por la polémica surgida en torno a los altos emolumentos de este personal, el alcalde optó primero por rebajar la cifra tope para las empresas municipales en 145.000 euros, cuantía que posteriormente volvió a ser reducida, siendo en este momento el tope salarial de 131.000 euros.