Málaga

El Supremo libra a Málaga de pagar 120 millones por tres expropiaciones de suelo

  • La propiedad reclamaba esta suma por unos terrenos incluidos en el plan de restauración del Guadalmedina Dos sentencias emitidas desde inicios de año rebaten los argumentos de la firma

Acostumbrados en el último lustro a desembolsar varios millones de euros por la expropiación de suelos que, en el mejor de los casos, sirven sólo como zonas verdes de dudosa utilidad pública, resultan alentadoras para las arcas del Ayuntamiento de Málaga las últimas determinaciones adoptadas por el Tribunal Supremo en lo que a enajenaciones de terreno se refiere. Dos recientes fallos judiciales del Alto Tribunal liberan al Consistorio a tener que desembolsar hasta 120 millones de euros por la adquisición de varias fincas localizadas en las márgenes del río Guadalmedina e incluidas en su día en el plan de restauración forestal de esta cuenca.

La suma económica se corresponde con sendas demandas presentadas por la propiedad de estas parcelas, la mercantil KFC Marbella, que viene acudiendo de manera asidua a la vía judicial al estar en desacuerdo con las valoraciones que otorgaron en primera instancia tanto la Gerencia de Urbanismo como el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Las primeras resoluciones, correspondientes a la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), fueron igualmente contrarias a la privada en ambos casos, razón por la que la mercantil dio el salto y formuló recursos de casación ante el Supremo.

La Sala correspondiente del Supremo, primero el 13 de enero y después el 12 de marzo pasado, acabó por aceptar los mencionados recursos de casación y por aceptar parcialmente las razones de sus reclamaciones. Sin embargo, en esencia, tira por tierra los argumentos empleados por la empresa a la hora de reclamar los mencionados 120 millones de euros, ya que sitúa el valor del metro cuadrado de las expropiaciones en cifras en las antípodas de los reclamado.

La última de las sentencias, la más gravosa desde el punto de vista económico, afecta a dos fincas que suman del orden de 800.000 metros cuadrados. Por ambas, la propiedad puso sobre la mesa un justiprecio de 85,8 millones, al partir de la premisa de que se trata de suelo urbanizable. No obstante, señalaba igualmente la posibilidad de que de ser entendidas las pastillas bajo el paraguas del no urbanizable se valorasen en casi 24 millones de euros. Frente a la tesis empleadas por la mercantil, el Jurado de Expropiaciones situó el valor de las parcelas en poco menos de 1,2 millones. Ahora, el Supremo da, grosso modo, validez a este última cuantía.

En el marco documental señalado dentro de la sentencia se alude a la existencia de tres valoraciones más por parte de varios peritos procesales. Uno de ellos, arquitecto, eleva la tasación total por encima de los 61,4 millones de euros, al otorgar naturaleza de urbanizable a las dos fincas (15,5 millones si fuese no urbanizable). Otro de los peritos, ingeniero agrícola, discrepa sustancialmente de la lectura anterior, ya que cuantifica su previsión en casi 6,6 millones. Por su parte, un tercer perito procesal, designado por el Ayuntamiento, otorga un valor global a los terrenos de poco menos de 1,2 millones.

Algo semejante ocurrió con otra sentencia previa, de enero. En ese caso, con terrenos situados igualmente en la cuenca del Guadalmedina y para el mismo plan de restauración, la petición de la propiedad era de 33,7 millones de euros por unos 400.000 metros cuadrados. El valor que daba el Ayuntamiento era de 287.244 euros. Por su parte, la sentencia final eleva el valor del terreno en más de 1,1 millones, nueve veces por encima de lo planteado por el Consistorio.

En otro fallo judicial, de 27 de febrero pasado, la posición adoptada por el Supremo se acerca más a las tesis municipales que a la de la empresa, ya que cifra en 40.039 euros la expropiación de un terreno por el que pidió 1,4 millones de euros.

Las expropiaciones de suelo, muchas de ellas con más de una década de antigüedad, se han convertido en los últimos años en una verdadera losa para las arcas del Ayuntamiento. Una muestra de ello es que sólo en 2012 a la Gerencia de Urbanismo el pago de enajenaciones de suelo para, por ejemplo, desarrollar el recinto de la Feria de Málaga en Cortijo de Torres, se le disparó unos 12 millones de euros respecto a las tasaciones realizadas por los técnicos municipales.

En muchos de estos casos con sentencia inicial del TSJA. Precisamente el tribunal andaluz determinó a principios de 2013 que el Consistorio tenía que pagar 34 millones por un suelo, pintado como sistema general, en el Gibralfaro, que Urbanismo valoró en 3,6 millones. La decisión está recurrida en el Supremo, a la espera de una sentencia definitiva.

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