La pugna por evitar la construcción de una veintena de pisos en Villa Fernanda llega a su fin. El Tribunal Supremo acaba de sentenciar la anulación definitiva del estudio de detalle aprobado en su día por el Ayuntamiento de Málaga que amparaba el desarrollo inmobiliario proyectado por la propietaria del inmueble, la empresa Piquio. El Alto Tribunal confirma de este modo el fallo ya emitido por el por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en octubre de 2014, rechazando el recurso de casación formulado por la mercantil. Con ello, refrenda dado a las tesis defendidas por los vecinos del entorno, que vienen reclamando la anulación del proyecto desde 2009.

En el texto, cuya conclusión fue adelantada ayer por el diario El Mundo, se destaca como las conclusiones del perito procesal "dejan pocas dudas, en el sentido de que las alineaciones contenidas en el Estudio de Detalle cuestionado generan un importante impacto visual dentro del conjunto, a la vez que afectan a la masa vegetal que conforma el jardín catalogado". Ello se desprende, según incide la sentencia, de las infografías realizadas.

El jardín de esta villa está protegido en el actual Plan general de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad, catálogo en el que se destaca las "reminiscencias románticas" del espacio y la existencia de 172 ejemplares catalogados, con 24 especies. Precisamente, el planeamiento vigente eleva el peso de la protección sobre este tipo de espacios, incidiendo en que un jardín protegido "se considera inedificable".

El representante legal de los vecinos que recurrieron la actuación, Javier Such, que forma parte del consejo asesor de Gaona Abogados, mostró su satisfacción tras conocer el fallo del Supremo. "Viene a confirmar las tesis iniciales de la Sala de lo Contencioso y a materializar de alguna forma lo que es la protección del conjunto de Villa Fernanda y sus jardines", expuso el letrado, que destacó que la sentencia incide en "la labor probatoria realizada por la comunidad de propietarios con especial referencia a la infografía que se encargó a un perito, en la que se observaba el impacto visual que hubiesen supuesto las construcciones".

Una de las dudas que se abre tras la decisión judicial pasa por saber si la anulación del estudio de detalle, eliminando la posibilidad de ejecutar el aprovechamiento residencial al que tenía derecho la propiedad, puede obligar al Ayuntamiento a compensarla. Al respecto, fuentes municipales recordaron que tales aprovechamientos se correspondían con los parámetros del plan de 1997, posteriormente modificados en el planeamiento de 2011.

La polémica sobre el uso residencial de Villa Fernanda viene merodeando la actividad municipal desde hace una década. En este intervalo de tiempo, la posición inicial del Ayuntamiento fue la de validar los derechos edificatorios de Piquio, al punto de aprobar el estudio de detalle por silencio administrativo ahora anulado. No todas las voces en el seno del Ayuntamiento fueron favorables, como demuestra el hecho de que el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (Omau) emitiese un informe en el que rechazaba la edificación propuesta, dado que alteraría de forma "radical" el jardín.

La edificabilidad que se le tenía reconocida en el plan del 97 a la promotora era de 5.282 metros cuadrados de techo. La finca fue tasada en 2008 por los técnicos municipales en unos 27 millones de euros. El alcalde, Francisco de la Torre, incluso llegó a señalar en su día que los parámetros planteados en el estudio de detalle ahora anulado "no son absolutamente negativos". "Son encajables y aceptables, aunque puede haber soluciones mejores", dijo.