El Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga juzgará previsiblemente el próximo año al alcalde de Almogía, Cristóbal Torreblanca, y a otras tres personas por un delito urbanístico por autorizar en 2008 unas obras para la reforma y ampliación de una vivienda, cuando presuntamente se trataba de una nueva construcción.

La vista oral estaba previsto que se celebrara este miércoles, pero se suspendió por no reunir la sala condiciones de seguridad ante el Covid-19 y por no haber asistido una perito de la Junta de Andalucía propuesta por el ministerio fiscal, según informaron fuentes del caso, quienes apuntaron que se ha fijado por el momento para febrero de 2022.

Este sería el primer juicio de las piezas en las que se dividió el denominado caso Almexia, cuyos registros y detenciones se produjeron en octubre de 2009 en dicha localidad por supuestas ilegalidades urbanísticas. Según incidieron las defensas, en esta causa es una licencia en cuyo expediente “consta informes favorables”; además de que dichas obras “nunca se iniciaron”.

El escrito inicial de la acusación pública, al que ha tenido acceso Europa Press, indica que uno de los acusados, con la finalidad de construir una vivienda unifamiliar aislada en suelo clasificado como no urbanizable solicitó un informe de antigüedad a la Policía Local; un informe realizado en marzo de 2007 en el que se indicaba la existencia de unas ruinas de 12 metros cuadrados.

“No obstante la inexistencia de vivienda que reformar o ampliar expuesta en el informe”, dice el fiscal, dicho procesado solicitó licencia de obra al Ayuntamiento para esas actuaciones, realizando el secretario municipal un informe genérico en el que se limitaba a expresar la norma aplicable y el procedimiento a seguir, pero “sin pronunciarse sobre la adecuación o no a la legalidad”.

En agosto de 2007, otro de los acusados, hermano del anterior, pidió licencia de obras para lo mismo, instando a que se englobara con el anterior expediente y presentando en este caso proyecto básico, realizado por un arquitecto –al que no se acusa al estar prescritos los hechos–, en el que se realizaba una “manipulación de la realidad”, señala el ministerio público.

El objetivo era “evitar la tramitación del preceptivo proyecto de actuación, cuyo informe compete a la Administración autonómica”; de forma que “partiendo de la existencia de una vivienda, para la reforma de la misma, que no para la ampliación, solo se requería licencia municipal”, según se indica en las conclusiones provisionales de la Fiscalía.

Para la Fiscalía, se trata de un delito de prevaricación urbanística, del que acusa a los cuatro procesados, solicitando que se impongan nueve meses de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público durante siete años al alcalde y al arquitecto técnico municipal y tres meses de cárcel a los dos hermanos, solicitantes de la licencia.