NO tengo nada contra las escuelas de negocios. Todo lo contrario, su aportación es decisiva para el progreso de la sociedad. Pero sí creo que a ciertos cargos políticos se les debería vetar el acceso a los máster en gestión pública. Porque o faltan mucho a clase o no se enteran de nada. En los últimos años la Junta ha implantado modelos empresariales para dirigir su enorme plantilla de funcionarios como si de una fábrica o unos grandes almacenes se tratara. Han surgido cost-killers empeñados en vendernos que el sistema funciona cada vez mejor, que los profesionales están cada vez más contentos y que los ciudadanos no caben en sí de satisfacción con los servicios públicos.

Esta filosofía de implantar criterios de productividad e incentivos no es a priori maligna, pero su deficiente aplicación ha creado aberraciones como la sanitaria. Si los médicos quieren cobrar su sueldo íntegro a finales de mes, tienen tres minutos para diagnosticar y atender a sus enfermos, no deben desviarlos mucho a especialistas -no sea que suban las listas de espera-, y sí prescribir por narices medicamentos genéricos de dudosa calidad. Todo ello en unos centros sanitarios cada vez más saturados, con un personal cada vez más quemado y con los sueldos más bajos de Europa.

Ahora el modelo se pretende exportar al otro gran frente de la Administración autonómica: la educación. Sería injusto atribuir en exclusiva al Gobierno andaluz la responsabilidad de la crisis educativa actual. Son comunes a todo el país el fracaso de la Logse, la vergonzante postura de los dos principales partidos de negarse a consensuar una ley que la mejore -cada vez que salta el anecdótico asunto de la religión o la educación para la ciudadanía la volvemos a liar-, o la propia sociedad actual, con unos padres incapaces de enseñar a sus hijos que la frustración es inherente a la vida y que el respeto a los demás es el pilar de la convivencia.

Pero, dicho esto, la Consejería de Educación no ha hecho sino empeorar las cosas. Además de cargar a los equipos directivos de los centros con la responsabilidad de gestionar las aulas matinales y los comedores, creando un lucrativo negocio bastante descontrolado, también se ha dedicado a vender humo, como sus colegas de Salud. Desde los centros TIC hasta las aulas bilingües, todo parece más pensando desde el punto de vista del marketing electoral que para hacer competitivas a las futuras generaciones. ¿Un ordenador cada dos niños? En Málaga hay colegios que llevan años con las computadoras embaladas, no sea que se rompan. ¿Alumnos bilingües? Sí, los hijos de extranjeros que llenan los colegios de Cómpeta, Mijas, Mollina...

El último despropósito, esa Ley de Calidad de la Enseñanza que promete 7.000 euros en cuatro años a los profesores si sus alumnos aprueban y no repiten, ha provocado un importante rechazo y un clima de guerra civil entre la comunidad educativa. Los profesores, también mal pagados en comparación con el resto de sus colegas españoles, se enfrentan por cobrar esos pluses y muchos sienten que su sagrada labor se prostituye.

El mensaje que se traslada desde la Junta es absolutamente perverso por dos motivos. Porque parece que se quiere comprar el apoyo de los docentes para mejorar las cifras de aprobados y maquillar el fracaso escolar, mientras la educación real de los alumnos importa un carajo, y porque parece que la responsabilidad de que esto no funcione es de los mismos de siempre, de los currantes que se enfrentan cada día a la dura realidad y no se sientan en un bonito despacho con vistas al Guadalquivir o en el Edificio Negro.