El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha vuelto a dar la razón a los trabajadores del colegio privado MIT, ubicado en el Parque Tecnológico. Después del primer fallo dictado el pasado mes de mayo, se acaba de revocar la sentencia de despido procedente por "causas objetivas" dictada por los Juzgados de lo Social número 9 y 10 a otros cuatro profesores del centro que fueron cesados en julio de 2014. En total, ya son cinco los docentes que recurrieron y han recibido una respuesta favorable. Otro compañero se encuentra a la espera de resolución, aunque todo señala a que el TSJA fallará en el mismo sentido.

La nulidad de los despidos se declara "por haberse llevado a cabo con vulneración de la garantía de indemnidad del trabajador". Por ello, y según se plasma en las sentencias a la que ha tenido acceso este periódico, se condena a la empresa a la "inmediata readmisión en su puesto al demandante" y al abono de los salarios no cobrados desde el mes de julio de 2014, cuando fueron despedidos. Esto le supondrá al centro tener que pagar entre 76 y 99 euros al día a cada uno de los cuatro docentes.

"El TSJA les da la razón a estos trabajadores y como consecuencia tienen que ser readmitidos de forma inmediata y pagarle los salarios de tramitación hasta la fecha de incorporación, es como si nunca se hubieran producido los despidos, como si hubiesen trabajado durante todo este curso", explicó ayer el abogado de los trabajadores, Fernando Taboada. El letrado subrayó que estos profesores "tienen que volver al colegio y si luego la gerencia los vuelve a despedir estaríamos otra vez peleando".

En enero se hicieron públicas seis sentencias de los juzgados de lo Social 9 y 10 en las que se veían "causas objetivas" en los ceses de estos docentes. En todos los casos se consideró que quedaba acreditada una disminución en el número de alumnos del colegio, lo cual tuvo como consecuencia la reducción de las horas lectivas que estos profesores impartían. A estos docentes se les propuso una reducción de jornada que no aceptaron.

No obstante, las sentencias del TSJA afirman que los datos de alumnos del curso 2014-2015 que fueron presentados por la empresa están referidos a un momento posterior al que se produjeron los despidos. El texto apunta que el número de matriculaciones referidas en su defensa se extraen de un documento emitido en diciembre de 2014, cinco meses después del cese de los trabajadores. En la fecha del despido había 449 alumnos en el centro, 98 de Educación Secundaria Obligatoria y 26 de Bachillerato, aunque las cifras en la que se basaron ante el Juzgado de lo Social fueron los 407 estudiantes que quedaron casi terminado el primer trimestre del curso escolar 2014-2015.

"Lo importante aquí es que queda patente que el colegio los despidió a todos porque al administrador del colegio se le puso una querella por delitos societarios", asegura Taboada y matiza que "estos trabajadores son también socios, pagaron más de 100.000 euros para entrar en la empresa y el trasfondo de todo esto es la querella", agrega. Señala que el TSJA hace referencia a la querella que interpusieron los docentes despedidos y otra decena de trabajadores en 2013 y considera acreditado "un clima de confortación entre diversos profesores y socios y la gerencia". De las 17 personas querellantes, 8 han sido despedidas del centro.

Otro de los motivos que esgrimió el centro para justificar los ceses fue la "ineptitud del trabajador" al carecer del título B2 de inglés, obligatorio para impartir las asignaturas en un colegio bilingüe. Sin embargo, se recuerda en una de las sentencias que "del total de la plantilla de 41 profesores existentes a la fecha del despido tenían la titulación nivel de inglés B2 nueve profesores". Por tanto, una mayoría de docentes se encontraban en la misma situación que los despedidos sin que fuesen cesados por este motivo.

También destacan los fallos judiciales que los docentes fueron contratados para prestar servicios docentes en el MIT sin especificar a jornada completa de 27 horas y sin especificar las materias que tenían que impartir, y tanto para la ESO como para Bachillerato. Y para ello los docentes "se encontraban perfectamente capacitados según la titulación e información que al efecto hubo de prestar a la empresa sin que en ese momento le fuera exigido conocimiento o título acreditativo del dominio de lengua inglesa", dice una de las sentencias.

En algunos casos, la empresa decidió amortizar el puesto de trabajo de estos docentes para contratar a otras personas a tiempo parcial por las horas semanales que pretendían reducirles la jornada y que luego, " de manera sorprendente" pactaron jornadas superiores con los recién llegados.