Málaga

La ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, en libertad con control telemático

  • El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Málaga le ha concedido el tercer grado penitenciario

  • Tiene la obligación de personarse cada quince días

La ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe el día de su entrada en prisión en enero de 2016. La ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe el día de su entrada en prisión en enero de 2016.

La ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe el día de su entrada en prisión en enero de 2016. / Javier Albiñana

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Málaga ha otorgado a la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe el tercer grado penitenciario por el caso Malaya, al considerar que cumple con los requisitos requeridos para gozar de esta condición de semilibertad.

La decisión fue apoyada tanto en el informe de la Junta de Tratamiento del centro penitenciario como del propio fiscal, según han asegurado a Efe fuentes judiciales tras conocer ahora esta medida dictada el pasado mes de marzo.

Gracias a esta decisión, la ex alcaldesa, que depende del Centro de Inserción Social (CIS) de Málaga, goza de régimen abierto normal, con control telemático y con la obligación de personarse cada quince días.

Yagüe fue alcaldesa entre 2003 y 2006, tras prosperar la moción de censura contra el ex alcalde Julián Muñoz y fue condenada en el caso Malaya a cinco años y seis meses de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude, cohecho pasivo y alteración del precio de concursos.

La ex alcaldesa fue detenida en la primera fase de la operación Malaya, en marzo de 2006, y compartió celda con la ex teniente de alcalde Isabel García Marcos y ambas eran conocidas por el resto de reclusas como las "chaneles". Entró en prisión en enero de 2016.

El pasado mayo el Tribunal Supremo confirmó otra sentencia y la condenó a dos años de prisión por promover en 2004 una reforma "integral" de su casa, para la que utilizó algunos materiales de construcción del almacén municipal y además no pidió la correspondiente licencia. Además de la pena de prisión se le inhabilitaba durante cuatro años y medio por un delito de malversación de caudales públicos.

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