DEFINITIVAMENTE los políticos no están hechos de una pasta distinta a la del resto de la ciudadanía. A casi nadie le gusta decir lo que gana o lo que tiene. Si es mucho, por precaución y no convertirse en un fatuo y si es poco, para no reconocer el fracaso profesional o que, pese a las apariencias, hay que ir por la vida lampando para llegar a final de mes. Así que la resistencia cada vez que una ley o una norma obliga a declarar públicamente los ingresos o propiedades es notable.

Pero hay una pequeña cuestión que a nuestros próceres les hace diferentes del resto de sus paisanos: manejan dinero público y toman decisiones que afectan al interés general, por lo que debe quedar fuera de dudas que detrás de ellas no se esconden intereses propios. En el Ayuntamiento de Málaga llevan dándole vueltas a la fórmula para publicar esa declaración de bienes. Con la negativa o las dudas de muchos los concejales, han creado tanta expectación que si alguna vez la conocemos igual nos llevamos un chasco. Porque en radio macuto las versiones para explicar tanta oposición se pueden escoger a gusto del oyente. Oficialmente el asunto es registrar las propiedades, pero evitar dar datos que afecten a la seguridad de los ediles. Bien.

A nadie le importa la matrícula de los coches o incluso los modelos. Pero sí las zonas donde están los inmuebles o las acciones en empresas, para despejar dudas de que cuando se aprueba una Plan General o una gestión con dinero municipal resuelve asuntos que benefician a una sociedad privada no hay interés personal detrás. La norma también persigue que el ciudadano sepa que el concejal no se ha hecho rico en sus años al frente de un área, pero eso es de cara a la galería. Nadie que se haya enriquecido ilícitamente va a dejar en sus cuentas oficiales el rastro de sus ganancias.

El problema de la declaración de bienes no es exclusivo de la capital. Pocos ayuntamientos de la provincia la han formalizado. Y cuando el PSOE ha ido más allá y la ha exigido incluso a sus cargos de confianza no militantes, a los que por cierto les obliga a destinar un porcentaje de su sueldo para cuota para el partido, también se ha encontrado rechazos frontales.

Los asuntos del dinero son tabú. Tras la polémica de los sueldos abultados de algunos alcaldes, como el ex de Mijas, y de otros cargos públicos y sus ingresos adicionales por ejercer de consejeros, por ejemplo, en entidades financieras, fuimos incapaces de saber cuáles eran los emolumentos reales que percibían los políticos aludidos en las informaciones. Sólo un dirigente se presentó declaración de la Renta en mano para mostrarla y zanjar así la cuestión. Y luego se arrepintió y solicitó que no se difundieran sus datos por pudor. Y no porque le saliera a devolver.