"Hemos necesitado 40 años para que la democracia llegue a nosotros", afirmó ayer, rotunda, Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA). Y es que no será hasta el próximo 23 de febrero cuando se registre en el Congreso de los Diputados una norma estatal que pretende seguir los pasos iniciados por Andalucía en 2014 con la ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. No obstante, aún el colectivo sufre severas desigualdades según la comunidad autónoma en la que resida. Un estudio elaborado por profesores del departamento de Psicología Social de la Universidad de Málaga y en el que han participado unas 100 personas transexuales revela la importancia que otorgan a la ley porque "supone un avance para la sociedad y para la visibilización de las personas trans", explicó ayer en la presentación de las conclusiones el coordinador del estudio, el profesor Juan Manuel Domínguez.

"Hay aspectos muy notables en esta norma como la necesidad de que exista formación específica en materia de transexualidad para los profesionales sanitarios, educativos y de cuerpos de seguridad, igual que los derechos hacia las mujeres trans víctimas de delito, hacia los menores y la importancia de que articulen medidas para el acceso al mercado laboral, ya que es un colectivo que tiene dificultades añadidas para desarrollar su vida profesional", expuso Domínguez. "También el acceso a la cartera de servicios sanitarios conforme a su identidad de género lo consideran muy importante", agregó el coordinador del estudio.

La ley considera la autodeterminación del género como un derecho humano fundamental"Mar CambrolléPresidenta ATA

Lo que también desvela esta investigación de la UMA, en la que han participado también las profesoras María Isabel Hombrados y Patricia García, es que prácticamente la totalidad de los encuestados consideran que los agentes públicos, Policía, Guardia Civil, funcionarios y profesionales del ámbito sanitario están mal informados sobre la transexualidad. "La ley es un adelanto y así queda demostrado por los participantes en el estudio, es un avance importante, hay un apoyo legislativo que respalda a estas personas, era hora ya de que se reconociesen sus derechos, estamos en un momento de cambio importante", agregó Domínguez. Pero "hay un porcentaje elevado que considera que las administraciones públicas pueden hacer más para mejorar sus condiciones de vida", concluyó.

Mar Cambrollé, presidenta de ATA, quiso felicitar a la UMA "por su compromiso social con el colectivo" y apuntó que "la ley andaluza de 2014 situó a la comunidad a la cabeza de España y de Europa, era la primera vez que se legislaba sobre dos preceptos fundamentales, despatologizar la transexualidad ya que la entiende como una expresión más de la diversidad humana y, sobre todo, considerar la libre autodeterminación del género como un derecho humano fundamental". Para Cambrollé "el estudio habla de un rotundo, casi unánime, sentido positivo de la concepción de esta ley, que ha cambiado el modelo de atención, ya no somos objeto de evaluaciones psicológicas e incluye por primera vez a los menores y al libre desarrollo de la personalidad del niño en el ámbito educativo, sanitario, social y familiar".

En cuanto a los ámbitos a mejorar, la presidenta de ATA subrayó la necesidad de favorecer políticas activas en el empleo y de "recordar a la administración que las necesidades que tenemos en el ámbito sanitario se enmarcan en la salud y no en la estética".