Los taxistas de Málaga están indignados y el pasado viernes lo manifestaron haciendo un paro de varias horas, que volverán a repetir si las Administraciones no se toman cartas en el asunto. Pararon como apoyo a la huelga protagonizada por sus compañeros de Barcelona contra Uber y Cabify. Y lo hicieron sin avisar. Denuncian que estas compañías practican una estrategia, en cada lugar donde ejercen. "Provocan, y nadie se entera de la provocación, hasta que el sector estalla. Y cuando lo hace, dicen que ellos son las víctimas porque los taxistas somos agresivos, incomprensivos y que no queremos competencia", mantuvo ayer el vicepresidente de la Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi (Aumat), Juan González.

"El sector está muy cansado, muy harto de cumplir leyes y normativas, para que ahora vengan empresas, con el poderío económico que tienen -Uber y Cabify-, para las que las normas no existen", manifestó González, que, además, aseguró que "bajo ningún concepto" se va a dejar a un cliente sin servicio si se llevan a cabo más paros, que "siempre tendrán la premisa de no hacer ninguna barbaridad. Sin romper nada y sin meterse con nadie".

Las VTC tradicionales, que llevan más de 30 años operando en la Costa del Sol, jamás "han tenido un problema" con los taxistas o a la inversa, porque estos "han acatado la normativa y se rigen según la normativa", afirma el vicepresidente de Aumat.

El sector del taxi no entiende por qué no hay políticos que den un paso al frente para defender a quienes llevan más de 50 años ofreciendo un servicio público a los malagueños. González tildó de "denigrante y desolador" que la concejala de Movilidad, Elvira Maeso, no le haya llamado para preguntarle en qué punto se encuentra la situación.

El alcalde, Francisco de la Torre, a través de su cuenta de Twitter quiso "transmitir a los taxistas, cuyo servicio es crucial, tranquilidad y apoyo". Además, afirmó que la Policía Local de Málaga ha puesto desde inicios de 2017 "más de 200 denuncias a VTC", y confirmó que van a incrementar "los controles habituales para que no haya competencia desleal y la normativa se cumpla".

Desde el sector piden que no se extrapolen los casos "aislados de violencia" y actitudes incívicas a todo el colectivo.