El Ayuntamiento de Málaga acaba de recibir un balón de oxígeno de valor evidente por parte del Consejo Consultivo de Andalucía en el contencioso que le enfrenta a la promotora Piquio S.A., que le reclama una indemnización superior a los 27,6 millones de euros ante la imposibilidad de ir adelante con la construcción de viviendas en esta histórica finca de la zona este.

El pronunciamiento del órgano autonómico avala la decisión de la Gerencia de Urbanismo de desestimar la demanda realizada por la empresa privada después de que, primero, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y, después, el Tribunal Supremo, sentenciasen en favor de la anulación del estudio de detalle que permitía a la promotora la ejecución de hasta medio millar de pisos en este espacio.

De manera precisa, la firma cifraba en 19.040.850,2 euros “el daño emergente como consecuencia de la depreciación del valor del suelo vinculado a la finca Villa Fernanda y de las inversiones para el desarrollo de la promoción que han devenido inútiles”, y en otros 8.631.919 euros el “lucro cesante por pérdida del beneficio del promotor”. La respuesta del equipo de gobierno ante la petición administrativa realizada por Piquio fue negativa.

“No a lugar”, vino a concluir meses atrás el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares. Frente a la posición del Ejecutivo local, la mercantil sostuvo que en todo el proceso ha existido una “dejación” por parte de la Administración local, entre otras razones por no haber realizado un estudio paisajístico que hubiese podido salvar el estudio de detalle.

Con estos precedentes, la posición del Consultivo es inequívoca, al subrayar que la mercantil reclamante era conocedora de las decisiones que produjeron la suspensión cautelar de la aprobación del estudio de detalle que ordenaba la intervención urbanística sobre Villa Fernanda. A juicio del ente consultivo, desde ese momento “quedó paralizada toda posibilidad de efectuar desarrollo urbanístico alguno en la finca que constituye el ámbito del estudio de detalle”.

“Resulta manifiestamente infundada, además de abusiva, la cuantificación de la petición indemnizatoria efectuada por la mercantil interesada sobre una serie de conceptos irreales (daño emergente, lucro cesante...) de imposible materialización o ejecución urbanística, que pretenden sustentarse en un instrumento urbanístico como es un estudio de detalle que nació viciado desde un primer momento”, sentencia el expediente.

Al tiempo, el órgano añade que la empresa reclamante “no puede invocar un supuesto desconocimiento de la situación urbanística de la parcela sobre la que pretendía realizar el desarrollo urbanístico, ya que el objeto social de dicha mercantil es la ‘promoción, construcción, urbanización, venta y explotación en régimen de arriendo de cualquiera obras y edificaciones’; debiendo asumir por tanto la obligación de ejecutar la sentencia que anula el estudio de detalle, de donde colegimos que el daño invocado no es antijurídico y que por tanto existe el deber legal de soportarlo”.

En el desarrollo de dictamen, que tiene fecha del pasado 4 de octubre, los propios autores del documento cuestionan “la inactividad municipal” en este asunto, al punto de que fue justamente por silencio administrativo por lo que la promotora del proyecto de construcción en Villa Fernanda vio aprobado el estudio de detalle que le permitía la intervención sobre este terreno.

Un procedimiento que finalmente fue rechazado tras la reclamación judicial encabezada por los vecinos del entorno, disconformes con que se edificase en ese espacio. Esta tesis contaba, entre otros, con el favor de un organismo municipal, el OMAU, que determinó la “incompatibilidad” de permitir el desarrollo previsto, y del Colegio de Arquitectos de Málaga, que demandó la protección de las edificaciones existentes, así como de los jardines del conjunto.