La expropiación de fincas que fueron calificadas como sistemas locales de espacios libres en el planeamiento urbanístico de 1997 y cuyo justiprecio acabó dirimiéndose en los tribunales le ha costado ya al Ayuntamiento de Málaga la nada despreciable cifra de 17 millones de euros. La suma se corresponde con los valores asignados en ocho sentencias firmes emitidas bien por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) bien por el Tribunal Supremo. La paradoja es que la gran mayoría de estos espacios, enajenados con la finalidad de garantizar "su protección paisajística", tienen nula utilidad, dándose el caso de parcelas de pendientes pronunciadas y de casi imposible acceso por parte de los ciudadanos.

A pesar de ello, conforme a los parámetros marcados en el PGOU de 1997, la Gerencia de Urbanismo quedaba obligada a adquirir esos suelos, ya fuese de oficio o por exigencia de los propietarios. A los ocho supuestos aquí señalados hay que sumar otros 14 solares también objeto de contenciosos judiciales pero que aún se encuentran pendientes de un fallo concluyente. Es previsible, por tanto, que el monto económico ya desembolsado por el Consistorio se incremente de manera significativa una vez queden resueltas todas las reclamaciones.

5,5Millones. Por una zona verde con un 80% de pendiente, "para ver, no para pisar, para hacer alpinismo"

Todas estas enajenaciones tienen como denominador el que sus propietarios, en su mayoría promotoras que se hicieron con esos suelos a costo bajo, instaron a Urbanismo a que, dado que eludió actuar de oficio en la obtención de estas pastillas dentro de los cuatro años que tenía de margen, reclamaron su expropiación por ministerio de ley. Pero con el añadido de que exigieron cuantías muy superiores a las que desembolsaron para hacerse con las fincas. Sirva como ejemplo que los dueños de 18 parcelas dibujadas como zona verde el plan del 97 demandaron por las mismas casi 300 millones, frente a los 11 millones en las que fueron valoradas por los técnicos municipales.

El último caso, con sentencia del Supremo del pasado 20 de noviembre, afecta a un suelo de 6.444 metros cuadrados de zona verde, localizada junto a la sede del OMAU. La misma sitúa en 5,5 millones de euros el valor a pagar por la finca, coincidente con el justiprecio asignado por la Comisión Provincial de Valoraciones. El fallo rebaja a casi la mitad el valor otorgado en una primera sentencia del TSJA, que fue recurrida por el Ayuntamiento y por la propia empresa. No obstante, la cuantía sigue elevándose muy por encima de los 729.870 euros en los que tasó Urbanismo este suelo.

Sirva como ejemplo del imposible disfrute de esta zona verde el que dos terceras partes de su superficie presentan una pendiente del 80%. Algo que motivó que meses atrás el propio alcalde, Francisco de la Torre, fuese categórico al habla de este espacio como una zona verde "para ver no para pisar, para hacer alpinismo". Otro referente de esta situación fue la expropiación de 21.881 metros cuadrados de zona verde en el Monte Gibralfaro, junto al colegio El Monte. La misma le costó a la empresa Parque Málaga 3,6 millones de euros, si bien exigió al Ayuntamiento el pago de 68 millones. En una primera decisión judicial, el TSJA rebajó la indemnización a 34,6 millones, decisión que, tras el recurso municipal al Supremo, fue modificado de manera significativa. La sentencia firme sitúa el justiprecio de los suelos en 4,8 millones de euros.

Este caso, relativamente benévolo para los intereses del Ayuntamiento, contrasta con lo ocurrido con otros terrenos en la calle ahora bautizada con el nombre de Jacques Capeluto, justamente el responsable original de la empresa que exigió la expropiación por ministerio de ley de este suelo, que los propios técnicos municipales llegan a considerar "de imposible edificación". Los 4.800 metros de terreno les han costado al Consistorio, con sentencia firme, 6,2 millones de euros, muy por encima de los 573.000 euros en los que lo tasó Urbanismo. Bien es cierto que la suma final también se aleja d ellos 18,4 que demandó la propiedad.

Otro de los casos en los que el alto tribunal andaluz ha avalado las tesis municipales es la de un suelo de 4.500 metros situado en la calle Monte de Sancha, por la que la promotora Capel Sur reclamó 18,2 millones. Sin embargo, en su sentencia, el TSJA asumió como válido el justiprecio de los técnicos municipales, que la valoraron en 465.000 euros. En esta misma favorable cabe mencionar lo sucedido con un terreno en Cañada de los Ingleses por los que el antiguo responsable de la promotora Aifos llegó a reclamar 21 millones de euros. Finalmente, el Supremo situó el valor a pagar en 923.000 euros.

Entre los expedientes que están aún pendientes de resolución se encuentra un suelo en la calle San Vicente de Paul, con 8.645 metros cuadrados de superficie. Por la misma la propiedad demandó 34,2 millones, frente al millón de la valoración municipal y los 2.342.766 millones de euros planteados por la Comisión Provincial de Valoraciones. Tras sendos recursos al TSJA, que elevó la suma a 8,9 millones. Una decisión recurrida al Supremo, que en una última sentencia eludió poner números al justriprecio, señalando que será en el trámite de ejecución de la sentencia cuando se fije el justiprecio sin ser "inferior al pretendido por el Ayuntamiento ni superior al reclamado por la expropiada".