Las obras construidas de forma irregular por el concesionario de la piscina de Campanillas en la parcela sobre la que se asienta este equipamiento parece que tienen sus días contados. El Ayuntamiento de Málaga ha firmado el decreto de demolición de la parte edificada al margen de la normativa urbanística, lo que dará lugar, previsiblemente en las próximas semanas, al derribo de la misma. Así lo confirmó a este periódico el concejal del distrito de Campanillas, José Hazañas, quien indicó que la formulación del citado decreto tuvo lugar "hace un mes y medio o dos meses".

En el documento se fijaba el plazo para que el infractor, que fue sancionado por la Gerencia de Urbanismo al pago de una multa de 250.000 euros por estas obras, llevase a cabo los trabajos de demolición. No obstante, Hazañas explicó que en este momento hay contactos entre el concesionario y los técnicos de Urbanismo para delimitar exactamente la parte afectada.

"Quiere saber qué es lo que tiene que tirar, porque su idea es hacerlo él mismo, porque cree que si lo hace el Ayuntamiento le saldría más caro", añadió el concejal del PP. Éste estima que lo ejecutado de forma ilegal puede ser de unos 350 metros cuadrados, superficie que, apuntó, "puede coincidir con la cafetería que levantó en la zona". Este dato no coincide con la totalidad de lo construido sin licencia, que se eleva, según los datos de la propia Gerencia, a casi mil metros: 400 metros de un edificio destinado a restaurante y actividades complementarias, y otro de 450 metros, para gimnasio y parque infantil.

A este respecto, precisó que existe una parte, la afectada por la posible demolición, "que está fuera de la parcela y no es regularizable, mientras que el otro edificio sí puede serlo". Preguntado por si se estaría tramitando esa última actuación, Hazañas dijo: "Supongo que sí, pero eso lo llevarán los abogados de la Gerencia de Urbanismo".

Sobre la fecha en la que se procederá al derribo, Hazañas dijo ignorarlo, aunque confió en que pueda tener lugar a lo largo del próximo mes. "Espero que se lleve a cabo cuanto antes", dijo. La solución finalmente acordada cierra la vía a la posible legalización de lo construido como llegó a plantear incluso el propio concejal de Campanillas, que abogó por destinar estos inmuebles a uso social y vecinal del distrito. De otro lado, Hazañas admitió que el concesionario aún no ha abonado la sanción de 250.000 euros impuesta por Urbanismo y precisó que la ha recurrido. "No sé cuánto tiempo se llevará el trámite del recurso", expuso.