Las acusaciones personadas en un nutrido grupo de causas por delito urbanístico en Marbella, que fueron las primeras en acudir a los tribunales hace ya una década para denunciar los desmanes del GIL, tienen opiniones contrarias sobre el posible pacto que negocia la Fiscalía con las defensas de los ex ediles para agilizar los procedimientos.

José Carlos Aguilera, abogado de Isabel García Marcos, considera que se trata de una "solución razonable" y defiende la conexidad de los delitos por varios elementos comunes: un proceder idéntico cada vez, los mismos actores, el mismo órgano de gobierno y la misma naturaleza de las decisiones, que eran dar licencias al margen del planeamiento vigente "por voluntad política" de un partido como el GIL.

Opina que las defensas de los imputados "no reaccionaron en su momento" para solicitar la acumulación de casos y que si no se tiene en cuenta esa conexidad, "las condenas podrían ser excesivas para el tipo de delito".

La letrada Inmaculada Gálvez, personada como acción popular en varias causas en nombre de Los Verdes y pionera en denunciar las construcciones ilegales de Marbella, no está en absoluto conforme con las negociaciones para alcanzar un acuerdo en este sentido. "En los países democráticos, la ley no se negocia, la ley hay que aplicarla", argumenta la abogada, contraria a una negociación general. Lo ve "fatal".

No se opone a que se haga caso a caso y se pregunta, por ejemplo, quién responderá por los daños causados a los vecinos de Marbella perjudicados por las construcciones que han minimizado las zonas verdes y equipamientos.