El empresario italiano Massimo Filippa explicó ayer al tribunal que juzga el caso Malaya contra la corrupción político urbanística en Marbella que él no regaló dos apartamentos valorados en 1,5 millones de euros a Juan Antonio Roca, sino que se limitó a cumplir la voluntad de su padre que se lo pidió poco antes de morir.

El acusado explicó que él ingresó dinero en dos sociedades que Roca tenía en Londres. Las entidades británicas constituyeron a su vez otras sociedades en España que se alimentaban de los fondos que él les había inyectado. A través de esas mercantiles y con esos fondos se formalizó la compra de los apartamentos que, en realidad no era tal, porque el propio vendedor aportaba el capital que necesitaba el exasesor de urbanismo para ejecutar la inversión.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que esta fue la fórmula elegida para pagar el soborno por conseguir licencias de primera ocupación para dos promociones de la familia Filippa levantadas al amparo de permisos de obra que considera ilegales. Además le atribuye otro delito de blanqueo de capitales porque supuestamente, con la colaboración de sus abogados, creó la estructura para dar salida sin levantar sospechas al dinero que obtenía Roca con el cohecho.

Filippa, en cambio, negó esta interpretación de los hechos. Indicó que su padre era amigo de Juan Antonio Roca y que tenían "relaciones comerciales", de modo que aunque el exasesor de urbanismo de Marbella no apareciera en los libros de las empresas ni en documentos oficiales como socio de Armando Filippa, "imagina" que la orden de su padre para que entregara ambos apartamentos era fruto de "alguna relación comercial". Incluso una de las viviendas había sido ocupada mucho antes de que se formalizara la venta, mientras que la empresa del acusado se encargó de vender por 1,4 millones de euros el segundo apartamento.

Relató que hasta que falleció su padre, a finales de 2001, él vivía en Turín (Italia) y que desconocía cualquier detalle relacionado con las actividades empresariales de su progenitor. Poco antes de fallecer le "encargó" que entregara los apartamentos a Roca pero que , en cualquier caso, la fórmula elegida para realizar la adquisición no era excepcional. "Yo mismo he adquirido apartamentos de esa forma", agregó.

Massimo Filippa se enfrenta a siete años de cárcel y multas que suman seis millones de euros por los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales.

El juicio sigue hoy con la declaración del empresario sevillano José María González de Caldas. Está acusado de cohecho por el presunto pago de 60.000 euros, anotado en la contabilidad de Juan Antonio Roca en febrero de 2006, supuestamente para conseguir por silencio administrativo una licencia de primera ocupación.

1,5