Málaga

Desde aquel agosto de 2003

  • La inestabilidad política y la incertidumbre urbanística son los únicos ingredientes que se repiten en el escenario marbellí, ya alejado de la corrupción, la caspa y el juego sucio

El 31 de julio de 2003 Juan Antonio Roca congregó en la notaría de José García Urbano, en Estepona, a ocho concejales afines a Jesús Gil, tres socialistas y otros tres andalucistas para sellar el pacto de la moción de censura que registraron en el Ayuntamiento al día siguiente y puso fin el 13 de agosto de aquel año al Gobierno municipal de Julián Muñoz. Casi tres lustros después y de nuevo en agosto Marbella ha vivido otra moción de censura en un escenario marcado también por la inestabilidad política y el sobresalto urbanístico, pero hasta aquí llegan las comparaciones.

Un ejemplo banal: los concejales cobijados bajo los faldones tan omnímodos como ominosos de Jesús Gil y dirigidos por su poderoso asesor de urbanismo, Juan Antonio Roca, pusieron inmediatamente pies en polvorosa. Años después en el juicio por el caso Malaya José Jaén, concejal expulsado del PSOE, explicó al tribunal que primero se fue a Sevilla y después a Lisboa, donde ya estaban otros ediles que habían suscrito la moción de censura. Ahora, en cambio, Ángeles Muñoz ha aprovechado hasta la Feria de Málaga para explicar urbi et orbi la maniobra política y vender los beneficios del acuerdo de Gobierno con Opción Sampedreña. Otro tanto han hecho los osepeños Rafael Piña y Manuel Osorio, aún a pesar de la sugerente oscuridad que rodea su órgano rector, el denominado consejo consultivo, una suerte de club Bilderberg de andar por casa, que decidió romper con el PSOE solo 10 días después de ratificar el pacto que permitió al socialista José Bernal gobernar Marbella desde las elecciones de 2015, también apoyado por la marca blanca local de Podemos e Izquierda Unida.

El caso Malaya puso en claro los motivos que provocaron la moción de censura de 2003

La moción de censura de 2003, vista desde la perspectiva de los años y a la luz del caso Malaya que condujo a la cárcel al Gobierno que presidió Marisol Yagüe y a Julián Muñoz, fue el último intento de contener la desbandada de un grupo organizado de corrupción político urbanística urgido por el fin del sistema que habían creado. Victoriano Rodríguez, concejal del GIL, resumió para la historia cuál era la situación en una conversación con el empresario Ismael Pérez Peña grabada por la Policía: "Coge lo que te den que esto se acaba" "Las cosas están mal y cada vez van a peor (...) coge pisos, lo que sea". Entonces no se sabía tanto. Del trasfondo solo subió a la superficie que Jesús Gil no aceptaba las veleidades de Julián Muñoz, crecido tras el fulgurante éxito que recababa en los programas del corazón por su relación con Isabel Pantoja.

Marbella se ha despegado de aquella espuma y de aquella caspa, aunque las elecciones de 2015 devolvieron la inestabilidad política al municipio. Ángeles Muñoz perdió la mayoría absoluta y aún siendo la candidata más votada (19.406 votos, frente a los 12.444 del socialista José Bernal) no logró retener la alcaldía porque no fue capaz entonces de convencer a los osepeños. Un observador atento argumenta, bajo la condición del anonimato, que los independientes de San Pedro reaccionaron entonces dolidos por el trato recibido durante el último mandato del PP. El ejemplo más sangrante ocurrió en mayo de 2013 cuando la Policía Local desalojó del Pleno a Rafael Piña, desde ayer socio de Gobierno de Ángeles Muñoz. Subraya que esta formación, compuesta mayoritariamente por pequeños industriales y profesionales, está ideológicamente más cerca de los populares que de las formaciones de izquierda. Pero en 2015 todavía no habían olvidado episodios como ese.

Tampoco está ahora claro el escenario urbanístico, pero los motivos son diferentes. El GIL torció las normas para distorsionar las reglas de juego y dar amparo a la corrupción y a la edificación ilegal. El PP aprobó en 2010 un nuevo PGOU que legalizaba parte de aquella herencia maldita, pero a finales de 2015 el Tribunal Supremo lo anuló. Marbella funciona otra vez con el plan general de 1986 a la espera de sacudirse definitivamente esa incertidumbre.

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