Las agresiones en la sanidad pública parecen tener un claro componente de género. Casi tres de cada cuatro se cometen contra trabajadoras. Exactamente en la provincia de Málaga, del total de los 323 ataques registrados en 2019 tanto físicos como verbales, 227 tuvieron como víctima a una mujer de un centro sanitario. El dato representa el 70%. En el caso de los varones, la cifra se situó en 96 profesionales atacados física o verbalmente, lo que supone el 30%.

Los números sobre agresiones en el sistema público de salud de Andalucía fueron facilitados este jueves por UGT. “Pasar de los aplausos a la agresión es muy fácil en nuestra comunidad”, advirtió la central sindical. “Ninguna provincia se libra de esta lacra”, lamentó la organización. Pero las que registran un mayor número de agresiones son Sevilla y Málaga, con 388 y 323 respectivamente, según los datos correspondientes al año pasado.

Desde UGT se alerta que “las cifras siguen aumentando”. En el caso de Andalucía, un 22% dado que pasa de 1.234 ataques totales en 2018 a 1.507 en 2019. En Málaga, el incremento es menor: un 4,5% ya que de 309 agresiones en aquel año la provincia pasó a tener 323 en el ejercicio pasado. La subida provincial es menor que la autonómica, pero también la tendencia es al alza.

En 2019, la sanidad malagueña ocupa el segundo lugar en las agresiones de la comunidad autónoma. En 2018, se situaba en el número uno de este lamentable ránking. Pero –dado que se produce ese incremento de ataques del 4,5%–, el cambio no es porque haya mejorado la situación sino porque Sevilla ha empeorado, al pasar de 282 ataques en 2018 a 388 en 2019. Por ello la sanidad hispalense se ha puesto a la cabeza de las ocho provincias andaluzas.

Los datos facilitados por UGT reflejan que una de cada cinco agresiones en la provincia de Málaga son físicas. Exactamente 69 del total de 323 registradas en 2019. Otras 254 son verbales, entre lo que se incluyen amenazas, insultos y gritos.

UGT exige “tolerancia cero” tanto a la Administración sanitaria como a la ciudadanía

A nivel provincial, las agresiones físicas bajan, según la comparación de ambos años. De 81 en 2018 a 69 en 2019. En aquel ejercicio representaban el 26% del total y en este último, el 21%. De modo que el incremento del 4,5% global, es consecuencia del aumento de los ataques no físicos.

Aunque si la comparativa se hace en un periodo más amplio de tiempo, Málaga no sale bien parada en cuanto a agresiones físicas: como promedio en la última década se registraron medio centenar de forma anual. De modo que los 81 ataques físicos de 2018 y los 69 de 2019 sitúan las estadísticas por encima de la media de los años anteriores.

“Lamentablemente, desde UGT entendemos que no se están poniendo todos los medios para evitar que se sigan dando episodios de agresiones en todos nuestros centros sanitarios y exigimos a la Administración que aumenten tanto las medidas de prevención (más personal de vigilancia, eliminación de listas de espera, evitar aglomeraciones en los centros, aumento de plantilla) e igualmente que se incrementen las penas impuestas a quienes agreden a nuestro personal”, sostiene el sindicato.

Para UGT “tolerancia cero” debe ser el lema que guíe tanto a la Administración “responsable de evitar estas agresiones” sino también de la ciudadanía que “en general que cada vez está afortunadamente más concienciada”.

Las organizaciones sindicales, colegiales y los propios profesionales siempre advierten además que la realidad que recogen las estadísticas apenas son “la punta del iceberg” dado que muchas agresiones –sobre todos las verbales– ni siquiera se denuncian. Por ello, estas organizaciones siempre aconsejan poner los hechos en conocimiento de la Policía o del Juzgado de Guardia, aunque sea sólo un insulto, para sacar a la luz la verdadera magnitud del problema y para que esas actitudes delictivas tengan su correspondiente castigo judicial.

Sindicatos y profesionales reclaman a la Administración sanitaria que, además de medidas específicas para atajar las agresiones, cumpla con las ratios de profesionales por pacientes establecidas por las organizaciones científicas e internacionales a fin de evitar las situaciones de conflicto que a veces suelen generar las largas demoras en la asistencia debido a la falta de personal.