El uso de los ahorros de los ayuntamientos y el refuerzo sanitario serán dos de los temas que se abordarán este martes en el pleno de la Diputación de Málaga, en el que, de nuevo, se tratará la situación del diputado provincial Juan Cassá, que se dio de baja de Ciudadanos el pasado 4 de mayo.

Así, el grupo del PP planteará una moción en defensa de los recursos de las entidades locales "ante la apropiación de estos por el Gobierno de España", en la que se insta a manifestar por parte de la Diputación "el profundo rechazo a cualquier medida tendente a apropiarse los ahorros acumulados por los vecinos, tanto de forma directa como vía suscripción de préstamos al Estado a devolver a largo plazo".

Asimismo, se pide al Gobierno central que "respete y garantice la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos", criticando que pretenda que los ayuntamientos y diputaciones "le prestemos la totalidad de los ahorros acumulados durante los últimos ocho años y, a cambio, solamente se nos permitirá gastar, durante los próximos dos años, una tercera parte de un dinero que es de nuestros vecinos".

El portavoz adjunto del PP, Manuel Marmolejo, ha considerado en su comparecencia explicando las mociones del pleno que esto es "un chantaje" y que "el Gobierno de Pedro Sánchez se quiere adueñar de un dinero que es de los ayuntamientos", apuntando que comparecerá en el Tribunal de Alcaldes el regidor de Antequera (Málaga), para "reivindicar que los remanentes sean utilizados por los ayuntamientos y no apropiados por el Gobierno".

Asimismo, en otra moción se insta al Ejecutivo a garantizar que los centros específicos de educación especial podrán seguir escolarizando alumnos de todos los perfiles educativos que actualmente reciben, como una modalidad de escolarización para atender a la diversidad del alumnado, pidiendo que se promueva, en coordinación con las comunidades autónomas y la comunidad educativa, una normativa que avance en modelos de inclusión educativa.

Una ley anti okupación de viviendas

También llevarán una moción para la implantación de una ley anti okupación de viviendas, abogando para que se incluya recuperar el delito de usurpación, con penas de uno a tres años de prisión y que facilite a la Policía poder echar a los okupas en un máximo de 48 horas, apuntando que esto "no afectaría a los desahucios por causas de vulnerabilidad social o económica".

En otra moción, el PP pide al Gobierno la transferencia urgente de 1.562 millones de euros a la Junta de Andalucía, que resulta de la suma de conceptos pendientes, como son la inversión de los fondos para el COVID-19 siguiendo criterios por población; la financiación extraordinaria por los MENA, las políticas activas de empleo y el IVA.

Asimismo, en otra propuesta, el grupo 'popular' pide que la Diputación muestre su rechazo al acuerdo alcanzado por el Ministerio de Agricultura con la Unión Europea, instando al Gobierno a que "negocie una PAC justa que no haga perder recursos a nuestros agricultores".

Marmolejo ha indicado que, además, se llevará una modificación presupuestaria que supone 18 millones de euros del remanente del Patronato Provincial de Recaudación para destinarlo a un plan para obras nuevas en municipios donde esta entidad gestiona la recaudación de los impuestos locales. Con ello, ha dicho, se contribuirá "a dinamizar" la economía de los municipios. 

El PSOE pedirá reforzar los centros de atención primaria

Por su parte, el PSOE llevarán al pleno la necesidad de reforzar los centros de atención primaria de la provincia. Según ha anunciado la viceportavoz del grupo socialista, Antonia García, se insta a la Junta de Andalucía a reforzar los centros de atención primaria de las zonas rurales y costeras que puedan ver incrementada su población por la afluencia de turistas.

Asimismo, demandan que se garantice "sin interrupción y de manera presencial", el mantenimiento de la actividad de la asistencia sanitaria, los programas de prevención, de promoción de la salud y de vigilancia epidemiológica en todos los centros sanitarios de atención primaria, así como la dotación de personal necesaria para atender la cartera de servicios de cada uno de ellos.

Los socialistas pretenden que el pleno de la Diputación manifieste su defensa de la sanidad pública, universal, gratuita y de calidad que presta el Sistema Sanitario Público de Andalucía y reconozca la "abnegada labor" que han desarrollado sus profesionales durante la pandemia del COVID-19.

Asimismo, también presentarán una moción instando a la Diputación a que colabore económicamente con el Ayuntamiento de Estepona para realizar las reformas pendientes en el hospital de dicha localidad y reclaman su apertura "en el plazo de tres meses, como previsión ante una posible segunda oleada del virus de la COVID-19 y los casos de rebrotes que sufre la provincia de Málaga".

Por otro lado, el diputado provincial y secretario de Organización del PSOE malagueño, Javier Jerez, ha señalado que han presentado una moción urgente para pedir al pleno de la Diputación que traslade el caso de Cassá a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo para su estudio.

Jerez ha asegurado que, según el propio grupo de Ciudadanos, "la conducta del señor Cassá tiene un encaje perfecto en la definición de tránsfuga"; lo que no es así para Marmolejo, quien ha asegurado que "no hay transfuguismo" y ha instado a los socialistas a que traslade los casos de Torremolinos y de Alcaucín a dicha comisión.

Por otro lado, Jerez ha lamentado que el PP "quiere volver a convertir la sesión plenaria en un monográfico sobre la gestión del Ejecutivo central", por las mociones que lleva, "todas para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez"; lo que para los socialistas es "poner la Diputación al servicio de sus intereses partidistas". 

Una gestión más eficaz del Patronato de Recaudación

Por su parte, la confluencia de IU y Podemos trasladará al pleno la necesidad de dar un impulso para adaptar y hacer una gestión más eficaz del Patronato de Recaudación, solicitando que se amplíen y sistematicen los servicios y se cree una comisión de trabajo para la implantación de la administración electrónica, con el fin de evitar "que haya ciudadanos de segunda", ha dicho la portavoz de Adelante, Teresa Sánchez.

Asimismo, solicitará la mejora urgente en la calidad de la prestación del servicio de ayuda a domicilio. Sánchez ha explicado que el ente supramunicipal debe "garantizar y promover la calidad en este servicio esencial y dignificar las condiciones de trabajo del personal adscrito a través de la gestión indirecta del servicio, dado que PP siempre se ha negado a rescatarlo para su gestión pública".