El ex alcalde de Manilva Pedro Tirado no volverá a pisar la cárcel por el caso La Parrada. Ni siquiera en el supuesto de ser condenado.

La Fiscalía le imputa un delito de cohecho por el que le reclama la pena en su grado máximo: dos años de prisión, siete de inhabilitación y 3 millones de multa. Dado que carece de antecedentes penales, en el supuesto de ser condenado, podría solicitar la remisión condicional de la pena y así evitar volver a la prisión, en la que estuvo con carácter preventivo dos meses.

Además, el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella ha rebajado de 250.000 a 50.000 euros la fianza que le impuso al salir de la cárcel, en diciembre de 2005. Este recorte de la garantía tiene lugar después de que la Audiencia de Málaga suprimiera el delito de prevaricación que también le imputaba la Fiscalía.

Anticorrupción imputa a Tirado un delito de cohecho según lo estipulado en el artículo 421 del Código Penal que establece de uno a dos años de prisión para los cargos públicos que aceptan dinero o regalos por ejecutar un acto injusto que no constituye delito y que, finalmente, no llega a realizarse. Tirado, presumiblemente aceptó una importante cantidad de dinero del finlandés Aki Kujala, también imputado en esta causa, vinculado a la Sociedad Royal Marbella Estates, para elevar la densidad de La Parrada y, así , hacerla más apetitosa para los promotores inmobiliarios.

Kujala, a través de Royal Marbella Estates, compró esta parcela de 130 hectáreas por 9,7 millones. En noviembre de 2003, sólo unos meses después de que Tirado llegara a la alcaldía al frente del Partido Democrático de Manilva (PDEM), firmó un convenio en el que el Ayuntamiento se comprometía a considerar la finca como suelo urbanizable. De hecho, el PGOU de 1994 la catalogaba como urbanizable , pero la Junta decidió suspender parcialmente el plan, al entender que se había programado demasiado suelo.

Por eso, años después, se inició un expediente de cumplimiento de suelo urbanizable y para que La Parrada se incluyera en ese documento se firmó ese primer convenio. Pero, según Anticorrupción, Kujala tenía problemas para vender la finca. Así se llegó al segundo convenio en agosto de 2004 que planteaba pasar de 10 a 18 viviendas por hectáreas. Apenas unas semanas después Kujala vendió La Parrada por 117 millones de euros, obteniendo 92 millones en plusvalías, según la Fiscalía Anticorrupción.

No obstante, este convenio nunca se aplicó porque no llegó a ser aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo.

Cuando Tirado fue detenido, la Policía halló en su domicilio 762.000 euros en efectivo que la Fiscalía Anticorrupción cree que pudieron ser en pago por su actuación en la operación de La Parrada.

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