El área de estacionamiento construida para el personal y público de la Ciudad de la Justicia quedó ayer, en el día de su apertura, medio desértica. Apenas 150 funcionarios utilizaron este aparcamiento y otra cifra similar de automóviles ocuparon la zona reservada para el público general, epígrafe que engloba desde profesionales (abogados y procuradores) hasta acusados y testigos. En total, 300 coches en un espacio previsto para 800.

Las 161 plazas del aparcamiento subterráneo sí se llenaron a primera hora de la mañana, según han confirmado portavoces oficiales de la Delegación de Justicia.

El estacionamiento en superficie se recepcionó la semana pasada, si bien la Delegación de Justicia optó por demorar su apertura a la espera de que estuvieran listas las tarjetas identificativas de acceso. Estas tarjetas, aunque ya están listas, aún no han podido ser distribuidas entre el personal, por lo que ayer se abrió dividido en dos bloques y con dos puertas: una de acceso general y gratuito en horario de 7 a 15 y otra para los funcionarios de la Ciudad de la Justicia desde las 7.30 a las 15.30. A falta de tarjeta de acceso se utilizó la identificación oficial de la Ciudad de la Justicia.

El primer coche que entró en la campa reservada para el personal de Justicia hizo su aparición 7.30 de la mañana. Lo conducía el gerente del edificio, Antonio Moreno. Una hora después habían estacionado apenas 150 funcionarios.

En conjunto 600 trabajadores de la Ciudad de la Justicia han pedido tarjetas para poder estacionar en el aparcamiento en superficie. Tan sólo en las últimas dos semanas la Delegación de Justicia registró 200 solicitudes.

Frente a la tibia acogida que ha tenido el aparcamiento en superficie, el uso del subterráneo ha sido fuente de intensas polémicas. Jueces y fiscales han reclamado su uso preferente y reservado, en contra del criterio de la Delegación de Justicia, que ha optado por determinar que sea ocupado por estricto orden de llegada, con la única excepción del personal adscrito a los juzgados de guardia y una pequeña zona exclusiva para cargos institucionales: presidente de la Audiencia, fiscal jefe y juez decano.

Esta decisión se adoptó después de que los sindicatos de Justicia criticaran tintes clasistas en cualquier intento de reservar el aparcamiento subterráneo para jueces y fiscales.