POLÉMICA URBANÍSTICA Once años de obras irregulares en Pinares de San Antón

El arquitecto imputado en Alcaucín respaldó las obras del hispano-ruso

  • José Mora Lampérez certificó que parte de lo construido estaba "terminado" y tenía una antigüedad "superior a seis años", lo que evitaría su demolición · Urbanismo baraja hasta 12 sanciones de 87.000 euros al promotor

Una certificación emitida por el arquitecto imputado en la trama de corrupción urbanística de Alcaucín y que fuera jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación provincial, José Mora Lampérez, permitió al promotor del centro hispano-ruso, Vladimir Beniachvili, inscribir en el Registro de la Propiedad número 2 de Málaga dos de las edificaciones que ha ejecutado desde hace más de una década en Pinares de San Antón sobre suelo no urbanizable. En este documento, que Mora elaboró en su actividad privada, "hace constar que la obra se encuentra terminada y tiene una antigüedad superior a seis años", extremo que de ser cierto cerraría cualquier vía para su demolición, al sobrepasarse los plazos legalmente fijados.

Todo ello forma parte del expediente abierto por la Gerencia de Urbanismo contra este promotor, al que tuvo acceso este periódico, y que remonta sus orígenes a finales de 1998, cuando la Policía Local detectó las primeras anomalías en este terreno. Frente a lo expuesto por el arquitecto involucrado en la operación Arcos, por la que está acusado de cohecho, falsedad documental y prevaricación urbanística, técnicos municipales mantienen que esas construcciones no tienen dicha antigüedad. Los datos que maneja el Consistorio precisan que dichos cuerpos no estuvieron completamente concluidos hasta agosto de 2007 y mayo de 2008, respectivamente. Tras lo ocurrido en Alcaucín, Mora fue trasladado por la Diputación al área de gestión de Bomberos.

Este periódico contactó con el entorno familiar de Mora para conocer su valoración sobre estos hechos. Las fuentes consultadas indicar que sería el propio afectado el que informaría a este medio, sin que ello ocurriese finalmente.

La inscripción en el registro de la propiedad, fechada el 26 de marzo pasado, afecta a una "obra nueva" con una superficie total edificada de 1.796 metros cuadrados, que, según detalla el propio arquitecto en un informe firmado el 16 de julio de 2008, pero visado por el Colegio de Arquitectos de 4 de febrero de 2009, "se desarrolla en dos viviendas distribuidas en dos volúmenes, más dos pequeñas construcciones anexas", cuyo uso previsto era el de "apartahotel".

Sobre esta circunstancia y el hecho de que se visase una obra en suelo no urbanizable, el decano del Colegio de Arquitectos, Antonio Vargas, recordó que el asunto está judicializado y prefirió ser "respetuoso" con este hecho. No obstante, si bien dijo que no es habitual visar un proyecto con tanta dilación, admitió que ha podido ocurrir en otras ocasiones.

La envergadura de lo que el promotor del centro hispano-ruso trata de normalizar queda constatada no sólo en la superficie ejecutada sino también en las características de lo realizado. Una de las edificaciones incluía una cafetería-bar, seis apartamentos y sala de instalaciones, con 529 metros construidos; mientras que la otra construcción se compone de hasta cuatro plantas, con cinco apartamentos dúplex, un gimnasio, varias saunas, cuatro viviendas más y una zona común que incorpora una piscina, así como una amplia terraza mirador y una vivienda con salón, entre otros.

La admisión de la obra por parte del registro causó malestar en el Ayuntamiento, al entender que el responsable del citado órgano tendría que haber contactado con Urbanismo dada la situación de esas construcciones. "Hay que ver el alcance que tiene esto", comentaron fuentes municipales en alusión a las dificultades que esta circunstancia puede suponer para restituir la legalidad urbanística. En cualquier caso, todos estos detalles han sido remitidos a la Fiscalía en el marco de las acciones legales que se vienen desarrollando. Otras fuentes apuntaron que el promotor ha intentado recientemente inscribir de nuevo en el registro otra parte de lo construido, sin que en esta ocasión lo haya logrado.

Pero estas construcciones no son las únicas a las que el promotor del centro hispano-ruso ha dado forma a lo largo casi 11 años, periodo en que ha desoído todas las advertencias emitidas, muchas en forma de órdenes de demolición. Los técnicos de Urbanismo constatan a día de hoy la existencia de más de una decena de obras desarrolladas sobre suelo no urbanizable por este promotor, con una superficie próxima a los 6.500 metros cuadrados. La última acción realizada por este departamento ha sido unificar la información relativa a estas actuaciones ilegales, así como valorar el coste de las obras ejecutadas. El resultado es, cuanto menos llamativo: 865.000 euros.

Esta cifra sirve de referencia para la posible imposición de multas coercitivas contra el responsable de las mismas. Según explicaron desde Urbanismo, previsiblemente en dos o tres meses, una vez se cumplan los plazos legales y si el afectado no acometiese el derribo, se podrían empezar a imponer las primeras, que pueden ser hasta un total de 12 por el 10% del valor de lo ejecutado. Es decir, que cada una de las multas rondaría los 86.000 euros. Y si como se presume, dado los antecedentes de incumplimiento, el promotor no actuase, sería el Ayuntamiento el que lo haría, aunque con más dilación de la deseada, ya que las fuentes hablaron de al menos un año.

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