Policías del Área de Medio Ambiente de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma y de la Jefatura Provincial de Málaga han llevado a cabo una investigación relacionada con la falsedad documental para la obtención de la licencia de pesca continental en la provincia, durante la cual se efectuaron diez detenciones y se procedió a la denuncia como investigados, anteriormente imputados, de 268 personas.

La investigación se inició en enero de 2015, tras la denuncia realizada por parte de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, que tras analizar la documentación presentada por los organizadores de dos cursos para la obtención de la licencia de pesca continental, que se habían impartido en la provincia en abril y mayo de 2014, detectaron irregularidades entre dicha documentación, sospechando que podría tratarse de falsedad documental.

La entidad autorizada para organizar, gestionar e impartir dichos cursos era la Federación Andaluza de Pesca, con un representante provincial en Málaga, participando en la organización y desarrollo de los mismos otros dos monitores pertenecientes a dicha federación, figurando su representante como monitor-director, según informó la Junta.

Durante la investigación, denominada Operación anzuelo y desarrollada durante los meses de enero y febrero de 2015, los agentes detuvieron a seis personas e imputaron -ahora investigados- a otras 56 por falsedad documental. Los detenidos fueron los monitores y profesores encargados de impartir los cursos investigados, entre los que se encontraba el representante provincial de la Federación Andaluza de Pesca.

También fueron arrestados los propietarios de dos tiendas de venta de artículos de pesca en Málaga capital y en Marbella, así como el presidente de una peña de pescadores de Marbella, quienes hacían de intermediarios con los solicitantes de los cursos y los responsables de impartirlos. La investigación constató que algunos de estos cursos sobre los que se centraban las pesquisas no se habían celebrado. Pese a ello, los organizadores habían presentado la documentación requerida para la obtención de dichas licencias de pesca, certificando la asistencia de los solicitantes y la celebración.

La investigación ha determinado que de dicha falsificación eran conscientes los solicitantes y beneficiarios últimos de dichos cursos, que sabían previamente que, pese a no asistir a los mismos, obtendrían la licencia solicitada. Junto a los responsables de organizar e impartir los cursos, arrestaron a los dueño de sendas tiendas de venta de artículos para pesca, de Málaga y Marbella, así como el responsable de una peña de pescadores de Marbella, que hacían de intermediarios entre los organizadores de los cursos y los solicitantes. Así, recaudaban el dinero correspondiente al pago del curso, que oscilaba entre los 50 y los 60 euros por persona.

La investigación determinó que los detenidos llevaban actuando de esta forma durante algunos años, ya que, según las declaraciones practicadas, se había extendido en los ámbitos de los practicantes y aficionados al deporte de la pesca que si se dirigían a las tiendas de pesca o peña de pescadores investigadas, tras pagar una cantidad de dinero determinada y entregar una fotocopia de su DNI, obtendrían la licencia de pesca sin el requisito de asistir y superar el correspondiente curso exigido por la Administración medioambiental de Andalucía. A los cursos asistían o solicitaban su asistencia personas residentes también en otras provincias, entre otras, de Córdoba, Sevilla o Cádiz.