La huelga de basura sigue y el nuevo escenario que se abre es todavía más incierto. La asamblea de trabajadores de Limasa, a la que acudieron alrededor de 800, apenas necesitó una hora para despachar a grito limpio la última oferta del Ayuntamiento de Málaga y decidir continuar con el paro de forma indefinida. La postura de fuerza deja poco margen para la negociación. Los más de 1.300 empleados exigen recuperar todos los derechos que figuraban en su último convenio colectivo de 2010 a 2012, origen de todos los conflictos habidos en los últimos años, y que la crisis económica acabó por menoscabar.

La recuperación de la paga de productividad íntegramente este año, las vacaciones en el periodo de junio a septiembre y hasta una cesta de Navidad de 68 euros por trabajador. Todo vuelve a estar encima de la mesa tras el cónclave de anoche. La crispación que se palpaba en el ambiente, antes incluso del inicio de la reunión hacía predecir el resultado final. "No podemos estar todos los años así", defendió uno de los oradores que a estas alturas del conflicto, abogó, jaleado por el resto, por "armar una gorda" para conseguir el objetivo. Gritos de dimisión contra el alcalde y continuos abucheos. Incluso cuando se conoció la intención del Consistorio de contratar a una empresa externa para retirar el exceso de basura acumulado. La plantilla de Limasa pretendía afrontar esa tarea, ya que con el cobro de las horas extraordinarias que como paradoja percibiría por la misma, como mínimo, le permitiría equilibrar el descuento en la nómina por los días no trabajados.

El principio de acuerdo que supuestamente se había alcanzado en la madrugada del lunes quedó hecho añicos. Incluso parte de los asistentes reprocharon al propio comité por haber aceptado la propuesta. El lema del "sí se puede", coreado una y otra vez por los asistentes, es el nuevo himno al que se quiere agarrar esta plantilla en esta huida hacia adelante.

Los representantes sindicales habían convocado a los 1.370 empleados fijos y los varios centenares de eventuales a una asamblea, celebrada en las instalaciones de la empresa en Los Ruices, tras el acercamiento que empresa y comité tuvieron la pasada madrugada tras un maratoniano fin de semana de reuniones. Pero el presidente del comité, Manuel Belmonte, aseguró que no firmaría nada hasta consultarlo con la plantilla y dejó claro que "la última palabra para aceptar la oferta y desconvocar la huelga, la tienen los trabajadores" Y así fue porque la mayoría votó en contra de firmar el principio de acuerdo como paso previo a la redacción de un convenio después de cuatro años de continuos intentos fallidos, cinco amenazas de huelga y dos consumadas.

Según Belmonte, hoy mismo se comunicará la decisión oficialmente al gerente de la empresa, Rafael Arjona, al que le transmitirán que "seguimos con ganas de negociar con claridad y transparencia", aunque advirtió que "los trabajadores ya están hartos del maltrato sufrido por el Ayuntamiento en todos estos años" y que "están en su derecho de pedir lo que les corresponde.

El problema es que la última oferta realizada por el Ayuntamiento y Limasa recoge la mayoría de las peticiones que exigía el comité. Incluso en lo relativo a la paga de productividad, considerada una parte salario al sumar incrementos anteriores del IPC, y que se había convertido en el principal escollo para alcanzar un acuerdo entre las partes. El alcalde se rindió para nada y sucumbió a las presiones de los sindicatos comprometiéndose a que los empleados fijos de la empresa cobren este mismo año una paga fija por productividad adicional de 433 euros repartida en 11 meses, que se sumaría a los 276 euros ya acordados en la paga extra de septiembre no ligados además a ningún concepto de no absentismo.

Sólo esta medida le supondría al Ayuntamiento de Málaga un desembolso extra de un millón de euros para este año en el abono de la paga de productividad, el resto de los puntos fue relativamente más sencillo. Los sábados, como pedían los sindicatos, no tendrían que trabajar los empleados fijos y se contrataría a unos 200 eventuales para suplirlos desde el mismo momento de la firma del convenio, lo que también supondrá un sobre coste de en torno a 1,5 millones de euros. En 2017 el coste se incrementa en otros 3 millones.

Respecto a las vacaciones, la empresa planteó que en 2016 se mantuviera igual que en los últimos dos años, es decir, que sean 15 días de mayo a octubre y los otros 21 días a disfrutar durante el resto del año. Pero para 2017 se podrán tomar 15 días entre junio y septiembre. Todo esto por ahora queda en papel mojado ante la nueva deriva del conflicto.