Cuatro empresas constructoras se han repartido en los últimos años todos los grandes contratos de basura en la Comunidad de Madrid. Se trata de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC); Ferrovial (a través de su filial Cespa), ACS (a través de Urbaser) y Sacyr (a través de Valoriza). No tengo el dato del reparto en toda España, pero prácticamente se produce una situación similar: estas mismas constructoras son las que están al frente del negocio de la limpieza en muchas ciudades de toda la geografía del país. El hecho tiene su importancia, ya que no existe empresa privada alguna que se presente a un concurso para gestionar un servicio público con la intención de perder dinero. Dicho esto, partimos por tanto de un axioma incuestionable: el negocio de la limpieza ofrece grandes beneficios y mueve contratos millonarios.

En el año 2001, en Málaga se sacó a concurso el servicio de limpieza y recogida de residuos de la capital. Hubo dos ofertas, de un lado Fomento de Construcciones y Contratas. De otro, Urbaser y la empresa malagueña Sando. Durante los meses previos, se filtró entre todos los que quisieron escucharlo que el asunto estaba resuelto antes de abrir las plicas y que FCC era el adjudicatario. En vista de la polémica que se generó, el Ayuntamiento de Málaga decidió dejar el concurso desierto y propuso a los concurrentes una solución: que se juntasen los tres en una Unión Temporal de Empresas (UTE). Se les adjudicó directamente el servicio y Limasa, que así se llama la empresa de Limpieza de Málaga, se convertía en una sociedad donde los privados tenían el 51% de las acciones y el consistorio el 49%. La gestión quedaba completamente en manos de los privados.

A partir de ese día, empezó el negocio redondo para las constructoras, que se convirtió ya en el chollo del siglo en 2003. En ese año se apañó el contrato con la mejor cláusula firmada nunca por una empresa privada: hicieran lo que hicieran, las empresas tenían garantizados unos beneficios de un 2% sobre la cifra de negocio. Es decir, si el servicio costaba 100 millones de euros, era una ruina, la gestión empresarial era nefasta y las calles estaban sucias, daba igual que lo mismo daba: 2 millones de euros para ellos de beneficio. Como el negocio les debió parecer que todavía no era redondo del todo, mejoraron los resultados con otro original concepto: la asistencia técnica, los costes de estructura y los costes financieros. ¿Y qué son estos conceptos? Muy fácil. La parte privada de Limasa le cobra a la parte pública de Limasa por la asistencia técnica a Limasa. O sea, cobran por asesorarse a ellos mismos. Y este curioso sistema de beneficio encubierto ha sumado la friolera de 24 millones de euros en una década tan solo por asistencia técnica, sin añadir los 13 millones en beneficios y los 66 millones inyectados por el ayuntamiento a la empresa para poder garantizar que tuvieran esos beneficios.

Podría dedicar folio y medio más para explicar lo bien que se lo han montado en Limasa las empresas privadas, pero no tendría mucho sentido. Ellas están para ganar dinero, y es el Ayuntamiento de Málaga el que debe vigilar el buen uso de ese dinero y la prestación que la ciudad recibe a cambio por ese servicio. Y en este asunto está el meollo: la ciudad está cada día más sucia y la limpieza cuesta cada día más dinero. Y lo que es peor, no hay ni una sola cláusula en el contrato de Limasa que no haya sido aprobado por el Consistorio de la capital. O sea, por el equipo de gobierno de De la Torre, que lleva cerca de 15 años dándole capotazos a un problema al que no ha sido capaz de encontrarle solución alguna. Y llevamos ya unas cuantas huelgas y un sinfín de amenazas de huelga.

Ocurre otro tanto con las cacareadas "ventajosas" condiciones del convenio colectivo de los trabajadores de Limasa, algunos de cuyos beneficios es verdad que provocan vergüenza ajena: me refiero especialmente al carácter hereditario de algunos puestos de trabajo. Pero habrá que recordarle al equipo de gobierno que no salido nunca de una negociación cambiando una sola coma de esos beneficios que ellos mismos tildan de escandalosos. O sea, si se mantienen es por la irresponsabilidad de aquellos que lo incluyeron. No hay convenio colectivo en el mundo que lo aprueban únicamente los trabajadores. Y la empresa privada se ha lavado las manos en todas las negociaciones precedentes, trasladando al consistorio el pago de cualquier aumento en los costes en cualquier negociación. En el tema hereditario han avanzado poco: antes era cualquiera, ahora heredan únicamente cónyuges e hijos. Menudo paso adelante. Tan adelante, como la ristra de enchufados colocados en la empresa de limpieza desde distintas áreas municipales a lo largo de su existencia. Unos hacen herencia, otros hacen colocaciones a través de enchufes.

Una huelga es el último escalón en una negociación. Y hacer coincidir estas convocatorias, siempre, en fechas tan señaladas como la Navidad, la Semana Santa, o la temporada estival, un grave inconveniente para una ciudad que vive prácticamente del turismo. La imagen de Málaga con toneladas de basuras en las calles es tercermundista. Y el ninguneo a los servicios mínimos evidente y cristalino. Pero claro, que también podrían decir los trabajadores que llevan meses advirtiendo de la situación y el Ayuntamiento ha hecho caso omiso a sentencias judiciales que le quitaban la razón, o dejando de lado el problema haciendo una interpretación torticera de ellas. Resulta también curioso que, a lo largo de 15 años, elConsistorio de la capital no haya impuesto ni una sanción por cualquier servicio deficitario en Limasa.

En abril de 2017 expira el contrato del servicio de limpieza en la capital. Y deberían empezar a replantearse la situación. Ha sido un mal negocio el que hizo el consistorio: ni la ciudad está limpia ni ha existido la paz laboral en estos quince años. El negocio de la basura en Málaga no fue una externalización, como le gusta decir a los responsables municipales. Existe una palabra inventada que leí al hilo de la privatización sanitaria en Madrid mucho más apropiada: basurización. La basurización de un servicio público: constantes huelgas o amenazas de paros; un servicio caro y malo; y grandes beneficios para los privados. O sea, lo que se decía en el año 2001: el negocio del siglo. Para casi todos, menos para los malagueños.