La cárcel de Archidona, dos meses después, vuelve a su estatus anterior: cerrada y sin función como centro penitenciario. Eso sí, con daños en su interior tras funcionar durante este tiempo como centro provisional de internamiento de Inmigrantes. Un periodo convulso en el que los internos de forma reiterada han mostrado su malestar por su internamiento en este centro, llegando a protagonizar un motín que dejó numerosos daños materiales, aunque el momento más trágico tuvo lugar hace dos semanas, cuando uno de los inmigrantes se quitaba la vida en el interior de su celda.

A finales de noviembre, una llegada masiva de inmigrantes a las costas de Murcia y Almería hizo que el Gobierno central tomase la decisión de utilizar las entonces vacías instalaciones de Archidona para recluir en su interior a 572 argelinos hasta que se fuese completando el proceso de devolución a su país de origen, algo que ayer se dio por finalizado por parte del Ministerio del Interior. Durante este tiempo la polémica y las denuncias de ONGs, sindicatos penitenciarios, partidos políticos y hasta de la propia Junta de Andalucía han sido una constante, aunque desde el Gobierno central no se movió la decisión inicial y se ha mantenido hasta el final el internamiento de los inmigrantes.

Un juez ordenó antes el traslado de un interno a un centro de menores de Murcia

Las denuncias han sido múltiples, desde problemas con el abastecimiento de agua, la calefacción o falta de comida, pasando por quejas por los problemas para poder contactar con sus familiares o sus abogados. Mientras tanto, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado mostró ayer su "estupor" por el vaciamiento de la cárcel de Archidona y achacó esta decisión al "temor" del Ministerio del Interior a que se pueda esclarecer la muerte de uno de los inmigrantes internados. Una decisión que estuvo contó con el respaldo de siete jueces murcianos que ordenaron los internamientos, aunque las ONGs y sindicatos penitenciarios han sostenido que fueron engañados por el Ministerio del Interior.

La Red ha censurado en un comunicado que este hecho coincida con la presentación de los recursos contra el archivo provisional decretado un juez de Archidona de las diligencias abiertas tras el suicidio de un hombre argelino de 36 años que se quitó la vida en la celda que ocupaba el pasado 29 de diciembre. "Esta maniobra confirma el temor de ese departamento a garantizar a las acusaciones populares y otras partes personadas en el procedimiento las garantías suficientes para poder esclarecer lo sucedido", sostiene la organización.

Por su parte, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, se felicitó porque la "presión política" ejercida por su partido y diferentes organizaciones sociales hayan obligado al Ministerio del Interior a vaciar de inmigrantes el centro penitenciario de Archidona. De igual modo, PSOE y Ciudadanos también han celebrado que se ponga final a la situación creada en el centro penitenciario, calificada como "chapuza" por el portavoz de Interior socialista, David Serrada, añadiendo que " era "una solución improvisada a un problema que se cronifica y ante el que el Gobierno muestra una preocupante incapacidad". Mientras tanto, su homólogo en Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, recordó que para su partido "la presencia de inmigrantes en Archidona sólo debía ser una medida de urgencia" dadas las "condiciones" del centro. Por ello, Gutiérrez ha "celebrado que el Gobierno haya entrado en razón" y les haya hecho caso.

La presidenta de Málaga Acoge, Arantxa Triguero, mantuvo que el hecho de que el Gobierno haya dejado vacía la cárcel de Archidona es una "medida que llega tarde y cuando se han producido "todas las vulneraciones posibles de derechos con el culmen de un fallecimiento y la presencia aún de menores de edad". Y mientras los últimos inmigrantes dejaban la cárcel, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de Lorca (Murcia) acordó cesar el internamiento de un joven en el Centro Penitenciario de Archidona y autorizar su traslado a un centro de protección de menores en la región de Murcia. Se trata del adolescente que pidió el amparo del Comité de los Derechos del Niño.