Nunca antes habían estado en una situación tan precaria, ni siquiera en los peores años de la crisis. Los centros especiales de empleo, en los que trabajan en Málaga unas 2.500 personas con alguna discapacidad, llevan 25 meses sin cobrar las ayudas de la Junta de Andalucía. Esto supone una deuda de unos 8 millones de euros por parte de la administración regional.

Según denuncian estos centros, a los atrasos correspondientes a 2017 se suma que no han podido solicitar subvenciones el pasado 2018 ya que no se ha abierto la convocatoria, esperada para el pasado mes de septiembre. Es el periodo más largo, aseguran, que han aguantado sin cobrar las cantidades legisladas desde 1985, lo que pone en riesgo la continuidad de estos puestos de trabajo.

“Ningún centro malagueño ha cobrado nada de 2017 y esa subvención corresponde a las nóminas que ya se pagaron”, explica Alfonso Rubio, presidente de la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Málaga. “Recibimos la mitad del salario mínimo interprofesional de cada empleado fijo pero se cobra a año vencido y con más de 20 meses de retraso, aunque ahora hemos conseguido un récord de deuda, ya son 25 meses esperando para cobrar lo que pagamos los centros en enero de hace dos años”, agrega Rubio.

"Hemos conseguido un récord de deuda, ya son 25 meses esperando para cobrar lo que pagamos los centros en enero de hace dos años"

“Las entidades lo asumen como pueden, normalmente con líneas de crédito, pero ninguna entidad tiene un crédito infinito, ya sabemos de algunas que tienen problemas”, comenta el también presidente de Aspromanis Servicios. Rubio teme que “con la inestabilidad política del momento no se tome ninguna medida y se quede la situación paralizada”. Las entidades llaman a diario a la Junta y “nos dicen que no se sabe, hay 23 expedientes de la provincia aún pendientes de resolver, y no se sabe cuándo se va a arreglar”, añade Alfonso Rubio.

Adelantar la convocatoria de ayudas

En la provincia de Málaga existen más de 70 centros que emplean al 80% de las personas con diversidad funcional que trabajan. “Si no existieran, hablar de opciones laborales para personas con discapacidad sería mentir, sería prácticamente imposible que tuvieran un puesto”, considera Rubio y señala que la reivindicación principal de los centros especiales de empleo es que la convocatoria se haga en el año anterior, que se adelante en vez de hacerla a año vencido.

De esta manera se podría incluir en los presupuestos del año siguiente. “No hay manera de interactuar en la gestión de nuestra propia empresa, de hacer presupuestos realistas si no sabemos cómo ni qué nos van a subvencionar”, estima el presidente de la asociación.

"No hay manera de interactuar en la gestión de nuestra propia empresa, de hacer presupuestos realistas si no sabemos cómo ni qué nos van a subvencionar"

“Pasar un trabajador de temporal a fijo hay años que se subvencionan y otros no, tenemos que contemplar todo eso como empresarios”, dice Rubio y reitera la necesidad de “saber cómo actuar a la hora de establecer el presupuesto del año que viene, saber la normativa que va a estar vigente”. También critican que si los centros tienen que pagar las nóminas como tarde el día 5 del mes siguiente, por qué la subvención de esa nómina se paga con tantos meses de retraso. “Eso nos obliga a tener unos gastos de gestión económica que son muy importantes y que afecta al resultado de la empresa”.