Soltando Grillos

Un ciclista para la Dirección General de Movilidad en Bicicleta

  • Uno de los problemas que arrastra España es la incapacidad de los partidos para crear una administración pública profesional, ajena a la política y a los vaivenes electorales

Ilustración: Rosell

Ilustración: Rosell

HACE varios años, con el Gobierno de Macri en Argentina, estalló una curiosa polémica en las redes sociales con algunos nombramientos en los escalones intermedios de su ejecutivo. Uno de los más curiosos fue que, dentro del área del Ministerio de Transporte, se decidió crear una Dirección General de Movilidad en Bicicleta. Para ser exactos, el cargo tal y como apareció en el Boletín del Estado, rezaba así: “Dirección de Movilidad en Bicicleta de la Dirección Nacional de Transporte No Movilizada de la Subsecretaría de Movilidad Urbana de la Secretaría de Planificación de Transporte del Ministerio de Transporte”.

No era el único cargo con un nombre imposible de memorizar. En mitad de la polémica, un enlace llevaba a un reportaje colgado en la web de una emisora de radio con un listado de nombramientos extraídos del Boletín Oficial con direcciones generales o secretarías de distintos departamentos que incluía hasta más de 50 palabras para su designación. Sirva este otro como ejemplo: Coordinadora de la Coordinación de Desarrollo y Plataformas Tecnológicas de la Dirección de Datos Públicos de la Dirección General de Datos e Información Pública de la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto de la Secretaría de Gestión e Innovación Pública del Ministerio de Modernización.

No resulta complicado encontrar cargos públicos de los que se desconocen sus quehaceres diarios

He sentido siempre una enorme curiosidad por saber cómo se las apañan en Argentina para realizar las tarjetas de presentación, ya que si son proporcionales en tamaño a la extensión del nombre del cargo debe ser como una enorme cartulina de esas en las que hacíamos los trabajos de clase en los colegios. El otro aspecto llamativo es la precisión con la que se designa el nombramiento y su dependencia estructural de cada departamento ministerial. Por eso, desde esa misma curiosidad, cuando se produce un cambio de Gobierno en España, ya sea en una comunidad autónoma o en el Estado, y empiezan a sucederse las designaciones, me acuerdo de esta polémica en Argentina, con la esperanza de encontrarme con alguna designación homologable en extensión y precisión a las de este país.

Aunque es difícil encontrar en el BOE, o en el Boletín Oficial de cualquier comunidad autónoma, nombramientos como los que firmó Macri en su administración, no resulta complicado encontrar cargos públicos de los que se desconocen sus quehaceres diarios; departamentos que cuesta saber a qué se dedican y empresas públicas cuyos menesteres precisan de una larga explicación. En el caso concreto de Andalucía, uno de los grandes reproches que se les ha hecho a los gobiernos del PSOE es la creación de una inmensa administración autonómica de dudosa operatividad y que el nuevo Gobierno, integrado por el PP y Ciudadanos, ha anunciado que va a adelgazar de forma notable. Habrá que esperar que lo hagan y no terminen incumpliendo una de sus principales promesas en la campaña electoral, incluida además en su acuerdo de Gobierno.

En España, a pesar de la gravedad de la crisis, ha habido un nicho en el mercado de trabajo que apenas se ha visto afectado por la pérdida de empleo: el de los cargos públicos y el personal de confianza. Cada vez que un gobierno nuevo entra en una institución, lo primero que promete es aliviar la nómina de la administración de personal de libre designación. Normalmente, las reducciones se pueden contar con los dedos de una mano. Con los de las dos manos, en los casos más atrevidos. Los despachos oficiales son como las puertas de las cantinas del Oeste, por un lado sale uno y por el otro entre el siguiente. Las puertas nunca están cerradas y el trasiego es constante.

En las campañas electorales se anuncian promesas desde el convencimiento de que no habrá que cumplirlas

En las campañas electorales, sobre todo en aquellas en las que se está convencido de que no se va a ganar, se anuncian promesas desde el convencimiento de que no habrá que cumplirlas. PP y Ciudadanos se han encontrado con un Gobierno con el que no contaban, de ahí que algunas de las cosas que ofrecieron a sus votantes tienen ahora un efecto boomerang. Les puede dar en la cabeza a su vuelta. La más cacareada en campaña, y antes de la campaña, fue la promesa de Juanma Moreno de crear 600.000 puestos de trabajo en Andalucía, una cifra que desapareció tanto de su discurso de investidura, como del de toma de posesión del cargo.

Habrá que ver qué pasa también con esa “administración paralela”, en palabras de PP y Ciudadanos, que tanto denunciaron. Muchas veces con razón, y otras con mucho populismo, al incluir en el marasmo de personal de la Junta a los profesores o al personal sanitario para engordar las cifras. Lo esencial es lo importante y uno de los grandes problemas de la administración en España, también en Andalucía, ha sido la incapacidad de los partidos de conseguir que esa administración pública fuera “profesional, solvente, atractiva como oportunidad de trabajo y progreso personal, ajena a la política y a los vaivenes electorales, y escrupulosamente sujeta a la ley”, en palabras precisas de Antonio Muñoz Molina.

Por explicarlo con un ejemplo concreto. En vez de colocar a un militante, lo razonable sería poner a un funcionario que entienda de ciclismo si al presidente se le ocurre crear una Dirección de Movilidad en Bicicleta de la Dirección Nacional de Transporte No Movilizada de la Subsecretaría de Movilidad Urbana de la Secretaría de Planificación de Transporte de la Junta de Andalucía. O lo que es lo mismo, un ciclista para movilidad y cada zapatero a sus zapatos.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios