Los miembros de la Asociación Salvemos nuestras casas en la Axarquía (Soha, Save Our Homes Axarquía) están preocupados por el retraso que acumulan los ayuntamientos en la redacción de los inventarios de edificaciones en suelo no urbanizable. Un documento indispensable a la hora de regularizar las viviendas tras la modificación de la Ley de Ordenación de Suelo de Andalucía (LOUA) aprobada en el Parlamento hace casi dos años. "En la Ley que se modificó en 2016 existía una disposición transitoria en la que se le pedía a los ayuntamientos que tramitasen de una vez los avances de sus respectivos planes de ordenación urbana", recordó el portavoz de Soha, Mario Blanke quien es además alcalde de Alcaucín. "Por eso necesitamos que a través de este documento se identifiquen los asentamientos en no urbanizable que podrían formar parte de un núcleo urbano y todas las demás viviendas que se quedan fuera", añadió Blanke quien estimó que el plazo de dos años dado por la Junta de Andalucía está a punto de expirar. "A partir de entonces será la administración autonómica quien se encargue de ellos de oficio", expuso.

"Estas cosas tienen mucha más importancia de la que podemos creer porque tenemos varios casos de viviendas que tenían nulidad de sus licencias, y que por tanto, según sentencia del Tribunal Supremo de Andalucía tenían que ser demolidas. Sin embargo en aquellos municipios donde ya se había tramitado el avance del decreto, los jueces se han acogido a esta modificación de la Ley para regularizarlas", destacó Blanke quien indicó que la alerta que vuelve a encenderse sobre este colectivo que reúne a alrededor de 400 propietarios, la mayoría de ellos extranjeros, viene tras conocer que en Almería están volviéndose a activar órdenes de derribo sobre viviendas construidas en suelo no urbanizable.

Por su parte, el presidente de Soha, Philip Smalley, insistió en que mientras que los Ayuntamientos no tengan el avance del Pgou ni tampoco el inventario de las edificaciones, los propietarios no podrán tramitar la figura del dafo, es decir, que sus viviendas pasen a considerarse como diseminados fuera de ordenación. Con respecto a los cambios normativos, el también alcalde de Alcaucín aseguró que "solamente es aplicable al 20 por ciento" de las viviendas en situación irregular en Andalucía. "Todavía nos hace falta regularizar un 80 por ciento que compraron sus casas de buena fe pensando que tenían todos los permisos". Las estimaciones en la Axarquía, dependiendo de las fuentes, están entre 15.000 y 20.000 viviendas.