La comisión de investigación creada para analizar la gestión de la Gerencia de Urbanismo en lo relativo a los expedientes de infracción tramitados entre 2006 y 2016, así como los plazos de concesión de las licencias de obra, quedó constituida ayer y estará presidida por el viceportavoz de Ciudadanos (Cs), Alejandro Carballo. El vicepresidente será el socialista Sergio Brenes. Este órgano, que es el tercero de esta naturaleza que se crea en el presente mandato (los anteriores fueron los la gestión de Limasa y Art Natura) nace tras un acuerdo del Pleno municipal.

El edil de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, propuso a Carballo como presidente porque "no ha presidido ninguna comisión" y a Brenes como vicepresidente "porque es consejero y es uno de los que tiene más experiencia y trayectoria en temas de urbanismo, una materia árida y con términos que necesitan conocimiento". La propuesta contó con el apoyo de todos los grupos excepto Málaga Ahora, que se abstuvo. En esta primera convocatoria se acordó que la comisión tenga carácter "no permanente" y un máximo de cuatro sesiones, sin contar la de constitución y la de conclusiones. Pese a que en principio la periodicidad sería quincenal, se acordó su celebración mensual y que la información esté disponible siete días naturales antes y no 48 horas.

De esta manera, se celebrarán sesiones en junio, julio, septiembre y octubre, además de la de conclusiones, en noviembre. Siguiendo las recomendaciones de la Secretaría General del Ayuntamiento, en cada sesión habrá una comparecencia máxima por grupo, además de la del edil no adscrito, según indicó el presidente de la comisión. Coincidieron en que lo ideal sería dos comparecientes por sesión para ver "con más detenimiento las cuestiones".

Pomares advirtió a los integrantes de la comisión de que los más de 11.000 expedientes "no pueden cederse a terceros ni darles publicidad", informando de que desde Urbanismo se ha remitido a la Asesoría Jurídica documentación ante la publicación de algunos de estos datos "por si ve conveniente llevarlo a la Fiscalía". Entre los años 2009 y 2016, Urbanismo abrió casi 9.400 expedientes, de los cuales 810 fueron caducadas.