La Audiencia Nacional ha condenado a 3 años de cárcel a Esteban Guzmán, ex concejal del ayuntamiento de Marbella que estuvo huido 5 años, por el caso Saqueo II, en el que se produjo un "brutal desvío" de fondos del consistorio y por el que fueron condenados el ex alcalde Julián Muñoz y Juan Antonio Roca.

En su sentencia, el tribunal de la sección tercera de lo Penal considera que durante su actuación como concejal de Marbella entre 1991 a 1995 cometió un delito continuado de malversación de fondos públicos, si bien le absuelve del de falsedad documental y tiene en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas.

Este caso de corrupción se desarrolló entre 1994 y 2001, años en los que, bajo el gobierno del Grupo Liberal Independiente (GIL), que lideraba Jesús Gil, se desviaron fondos públicos a través de empresas municipales con dádivas a los concejales y se produjo un importante fraude a la Seguridad Social.

La sentencia considera probado que se produjo un "brutal desvío" y un "vaciamiento patrimonial de los fondos municipales" de Marbella a través de diferentes sociedades municipales controladas por los acusados en este procedimiento, que fue juzgado en 2013.

Según los jueces, Guzmán "participó voluntaria y conscientemente" en dicho expolio de las arcas públicas, intervino en la creación de este entramado de sociedades municipales "a las que fueron traspasados fondos públicos" e intentó "manejar los fondos municipales" de forma que éstos quedaran "fuera del control" de la legislación.

Además, junto con el resto de acusados, realizó habitualmente pagos mediante talones al portador o entregas en efectivo por importes elevados con la finalidad de ocultar el destino de los fondos, que no quedaban por ello asignados a fines públicos.

Así, según el tribunal, se desviaron un total de 81,7 millones de euros procedentes del Consistorio que acabaron "en manos de los órganos de administración" de empresas controladas por Guzmán y los otros acusados.

El tribunal no acepta la tesis exculpatoria del ex concejal, que alegó en el juicio su escasa formación y su desconocimiento acerca de si su actuación era delictiva. Por el contrario, le sitúa al frente de los consejos de administración de las sociedades con las que se desviaron fondos municipales.