El conflicto laboral que arrastra la empresa mixta de limpieza Limasa desde hace más de tres años no tiene visos de solución a corto plazo. El convenio colectivo sigue siendo el foco de todos los problemas entre los trabajadores y la dirección de la sociedad, formada por el Ayuntamiento de Málaga con un 49% de la participación y sus tres socios privados (FCC, Sando y Urbaser) con el resto, motivo por el cual ayer volvieron a verse las caras en el Servicio extrajudicial de resolución de conflictos laborales (Sercla) de la Junta de Andalucía.

Pero las posturas de ambas partes se mantienen férreas respecto al polémico convenio. La empresa mantiene que el principio de acuerdo que se firmó con el comité el 23 de diciembre de 2013 para poner fin a la huelga de limpieza iniciada unos días antes, y que tiene validez hasta el 31 de diciembre de este año, tenía suficiente validez como convenio, algo a lo que se siguen oponiendo los representantes sindicales y advierten que iniciarán movilizaciones si no se inician las negociaciones en breve.

El presidente del comité, Manuel Belmonte (UGT), aseguró que "no queremos llegar al extremo y preferimos agotar la vía de la negociación", pero advirtió que si la empresa no se sienta a hablar antes de que se agote la vigencia del principio de acuerdo firmado en 2013 "convocaremos una asamblea y haremos lo que decidan los trabajadores".

Para los representantes sindicales, la gota que ha colmado el vaso ha sido que la empresa no haya mostrado interés por empezar a negociar "a pesar de que le enviamos una carta en febrero pidiendo iniciar un calendario", y dijo que "lo que no queremos es que llegue enero del año que viene sigamos sin convenio".

Ya han pedido una reunión al concejal de Sostenibilidad Ambiental en el Ayuntamiento de Málaga, Raúl Jiménez, para mostrarle la necesidad de iniciar la negociación, así como al portavoz municipal de Ciudadanos, Juan Cassá, a quien quieren explicar la situación laboral en la empresa y mostrar su preocupación por el futuro incierto que se abre con el horizonte de abril de 2017 como final del actual contrato de Limasa.

"Nos han engañado desde el principio y ya no nos fiamos", señaló Belmonte, por lo que aclaró que también el propio Gobierno autonómico rechazó en dos ocasiones a finales del año pasado la propuesta de Limasa al entender que el principio de acuerdo no tiene estructura de convenio colectivo.