El Instituto Municipal del Taxi (IMT) celebrará este miércoles su consejo rector en el que abordará distintos temas de relevancia para este sector en la ciudad. Así, está previsto que se lleve a aprobación la propuesta de nueva ordenanza municipal reguladora del servicio, con el propósito de actualizar y adaptar la normativa existente al reglamento andaluz y teniendo presentes las sugerencias y observaciones aportadas por las asociaciones representativas de este sector, así como las de usuarios.

La ordenanza se estructura en siete títulos. El primero de ellos establece las normas generales, donde se destacan los principios en los que se fundamente la intervención municipal en el servicio de taxi y la concreción de las competencias municipales de ordenación y gestión. El segundo está dedicado a las licencias. A partir de lo dispuesto en el reglamento, se regulan las transmisiones de licencia poniendo el acento en la explotación directa de las licencias por sus titulares.

El título III se destina a los vehículos afectos al servicio, donde destaca la regulación del número de plazas de los mismos, así como de sus elementos técnicos, tales como taxímetros, módulos, impresora, lectores de pago por medios electrónicos y las características que deben reunir.

Por su parte, en el título IV se regulan los requisitos del personal encargado de prestar el servicio y se concretan los supuestos de excepción a la prestación del servicio por el titular de la licencia, en los que de forma tasada se permite la contratación de conductores.

En el quinto, se especifican los distintos aspectos relacionados con la prestación del servicio. Destaca la regulación ofrecida de los derechos y deberes de quienes prestan el servicio y sus usuarios, incluso en la concertación previa de servicios a través de sistemas de radiotelecomunicación u otros medios telemáticos, así como la extensión del taxi adaptado a personas con discapacidad.

En último lugar, los títulos VI y VII regulan, respectivamente, el régimen tarifario y el de la inspección y sanciones, donde cabe subrayar la reducción de las sanciones en un 30% por pronto pago.