Las infracciones urbanísticas están a la orden del día en la provincia. Los alcaldes de los municipios más afectados reclaman una mayor permisividad en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) a lo que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, respondió taxativamente que "la ley es la ley". Numerosos alcaldes están imputados y otros se van a ver obligados a sancionar a sus vecinos -muchos de ellos familiares directos o políticos- por construcciones irregulares en el campo. El ex alcalde de Carratraca Óscar Román decidió hace tres semanas no entrar en disputas con los vecinos y dimitió, una situación que podría repetirse en otros consistorios. La tramitación de los expedientes urbanísticos no está resultando una tarea fácil, sobre todo, en aquellos ayuntamientos pequeños que cuentan con poco personal.

Los ayuntamientos de la comarca del valle del Guadalhorce y de la Sierra de las Nieves están desbordados. Uno de los más afectados es el de Cártama, donde están abiertos más de 3.000 expedientes por construcciones irregulares en el campo. El regidor municipal, José Garrido (PSOE), señala que han tenido que encargar este trabajo en exclusiva a varios técnicos del Consistorio, por lo que "es difícil poder realizar cualquier tipo de actuación en materia de urbanismo por la falta de recursos".

Una situación similar vive Álora. Su regidor, José Moreno (PSOE), asegura que en el Ayuntamiento no se están concediendo licencias de obras porque todo el personal está dedicado a los expedientes urbanísticos que ascienden a unos 350 en este municipio. "Los hemos clasificado atendiendo a la tipología del suelo en el que se localiza cada una de estas edificaciones, comenzando por las que se sitúan en zonas de mayor protección", explica Moreno. El alcalde piensa que la LOUA debe ser modificada porque no se puede "gobernar en contra de los ciudadanos" y asegura que en siete años sólo han podido conceder una licencia de obras en suelo rústico. En el caso de Alhaurín el Grande se acumulan unos 250 expedientes y el propio alcalde, Juan Martín Serón (PP), afirma que no cuentan con el personal suficiente para tramitarlos, por lo que pide una modificación "urgente" de la ley a la Junta de Andalucía. "Se tiene que modificar para poder construir en el campo de una manera regulada", comenta Serón.

En la comarca de la Sierra de las Nieves también ha tenido repercusión la aplicación de esta ley. Un ejemplo es Casarabonela, cuyo alcalde, Sebastián Gómez (PSOE), se ha visto imputado por permitir presuntamente la ampliación de una vivienda en el campo. El alcalde subraya que tienen 18 expedientes abiertos pero que no tiene personal para tramitarlos. "Aunque no vivimos una situación tan grave como en otros pueblos, cada uno de estos expedientes es una desgracia". Gómez declara sentirse "con una espada sobre la cabeza". "Da miedo", agrega a la vez que comenta que casos como el de Carratraca ponen sobre la mesa la necesidad de cambiar la ley.

El número aproximado de expedientes abiertos por el Ayuntamiento de Campillos contra particulares por construir en suelo no urbanizable se cifra en cuarenta aunque ninguna de estas obras se ha llevado a cabo en terrenos de especial protección, según comenta el concejal de Urbanismo, Andrés Herrera. Los expedientes abiertos se encuentran en diferentes procesos, algunos han paralizado las obras y otros están pendientes del envío del decreto de demolición. Este Consistorio ha decidido intensificar la vigilancia, que ya se realizaba a través del Seprona de la Guardia Civil, pero ahora, son dos policías locales los que han pasado a una segunda actividad y entre las funciones que se les han encomendado se encuentra la vigilancia de las posibles construcciones en suelo rústico.

En el caso de Archidona, existen un total de 109 expedientes por infracción urbanística, de los cuales 60 son referidos a suelo no urbanizable, tanto en suelo común como en el que tiene algún tipo de protección. "Todas las semanas nuestro técnico de la oficina de Obras y la Policía Local visitan las obras y los proyectos que cuentan con licencia para ver si se ha producido alguna infracción y, si la ha habido, el siguiente paso es notificarla y abrir el expediente", dice el concejal de Urbanismo, José Antonio Lara.

Por otra parte, en Antequera existen 600 expedientes urbanísticos de muy diverso tipo, aunque la gran mayoría de casos por temas menores. En cuanto a la vigilancia que se realiza al respecto, desde el Ayuntamiento afirman que siempre se ha sido muy riguroso en este tema por lo que no ha hecho falta incrementarla.

En el caso de Ronda el Ayuntamiento estima que son unos 100 los expedientes urbanísticos que se barajan en el departamento de Urbanismo por diferentes infracciones a la LOUA, aunque no se descarta que la cifra pueda aumentar, según afirma la responsable municipal del área, María José Martín de Haro. De momento, son 17 los expedientes sobre los que se ha dictado una orden de ejecución de derribo, aunque contra esta medida administrativa los afectados pueden interponer el correspondiente recurso judicial, para que sean los tribunales los que tomen la última medida al respecto. Mientras tanto en Gaucín, otro de los municipios donde han aparecido casos relacionados con el urbanismo, se calcula que son una decena los expedientes sancionadores que se encuentran abiertos, según indica el alcalde de esta localidad, Francisco Ruiz.

La falta de personal para controlar los amplios y abruptos términos municipales es una de las grandes quejas de los responsables de controlar el urbanismo en la comarca de Ronda. En concreto, los responsables de Obras de la ciudad del Tajo estudian reforzar la brigada de inspección y los servicios técnicos, donde son dos los nuevos arquitectos que se han incorporado. Ahora se estudia ampliar los policías locales adscritos a este departamento e incorporar un ingeniero técnico, aunque las limitaciones presupuestarias son un obstáculo para la ampliación de las plantillas. "Necesitaríamos contar con una brigada especializada, pero no tenemos dinero ni para pagar los sueldos de los funcionarios", se lamenta el regidor de Gaucín.

En la zona de la Axarquía es donde se estima que hay un mayor número de viviendas ilegales. Ecologistas en Acción las cifra en unas 20.000, aunque no se llega, ni de lejos a ese número de expedientes. El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria tiene unos 250 expedientes urbanísticos de los cuales 100 los ha abierto en 2009. Hay un inspector urbanístico aunque no hay refuerzos previstos. En Torrox, por ejemplo, el edil de Urbanismo, José Luis Pérez, asegura que "no existe ninguno porque todo funciona legalmente" y señala que "no hay nada que ocultar pero no doy ningún dato".

En la costa occidental, el Ayuntamiento de Mijas cuenta con unos 3.000 expedientes abiertos por construcciones ilegales, en las que se incluyen todo tipo de edificaciones, desde un simple muro hasta una piscina. En cuanto a las viviendas en sí, la mayoría de las que se encuentran en suelo no urbanizable están situadas en la zona de La Alberquilla, una urbanización que empezó a crecer hace aproximadamente una década. Una de las medidas tomadas por el Consistorio, gobernado por el PSOE, es la realización de un catálogo en el que se recoge cada una de las construcciones con sus correspondientes características que, una vez presentado a la Junta de Andalucía, determinará su regularización o no. Por otro lado, a mediados de 2009, el Ayuntamiento aprobó la paralización de las multas coercitivas y optó por decretar directamente la demolición, pero ofreciendo un amplio margen para que los vecinos ganen tiempo hasta que se puedan aplicar regularizaciones vía revisión del PGOU, evitando que se derriben construcciones que pudieran ser legalizadas en un futuro, señalan fuentes municipales, que indican que desde hace unos años una unidad específica de la Policía Local se encarga del control urbanístico del municipio. En Fuengirola, fuentes consultadas por este periódico coinciden en que no les constan expedientes abiertos por construcciones ilegales de gran relevancia y se remiten a que la totalidad del suelo es urbano. Lo mismo ocurre en el municipio vecino de Benalmádena, cuyo edil de Urbanismo (PP), Jesús Fortes, señala que este tipo de conductas se suelen realizar "más en zonas rurales" y asegura que en el último año no se ha dado ningún caso de construcción ilegal. Por su parte, el ex alcalde socialista, Javier Carnero, recuerda que en 2007 se abrieron dos expedientes. El primero se originó a causa de unos movimientos de tierra, cuando un vecino de Torremuelle tuvo la intención de construir una casa junto a la de un familiar sin permiso alguno. En el segundo caso, las obras ilegales en una parcela pudieron ser paralizadas a tiempo.

En Marbella no hay datos disponibles aunque la alcaldesa, Ángeles Muñoz, cree que no tendrá los mismos problemas que Carratraca ya que su plan "se ajusta punto por punto a lo establecido en la LOUA". "El PGOU que se apruebe en Marbella tendrá todos los parabienes legales y se ajusta a toda la legislación autonómica y municipal. Será una cuestión curiosa pues Marbella, que durante muchos años ha sido ejemplo de ilegalidad urbanística, a partir de ahora será ejemplo de lo contrario", continuó la edil. El Consistorio marbellí también puso en marcha, el pasado mes de septiembre, una nueva unidad de inspección técnica de Urbanismo, en la que se cuida al milímetro el cumplimiento de las licencias otorgadas, a través de inspecciones al inicio, durante la obra y al final de la misma. Cuatro técnicos de la delegación de Urbanismo son los encargados de dichas inspecciones.

Por otra parte, en la capital hay abiertos en torno a un centenar de expedientes aunque son de escaso calado.