Infraestructuras

El contrato del Metro de Málaga fija nueve garantías para que el BEI cobre el préstamo

  • Mientras esté en vigor el crédito, la Junta está obligada a aportar los fondos con los que la concesionaria paga la deuda con el banco

Un tren del Metro de Málaga, a su paso por el tramo de la Universidad. Un tren del Metro de Málaga, a su paso por el tramo de la Universidad.

Un tren del Metro de Málaga, a su paso por el tramo de la Universidad. / Javier Albiñana

La hipoteca que pesa sobre el Metro de Málaga en forma del crédito concedido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) otorga a la entidad financiera un papel estratégico relevante. Tanto es así que de su confianza o no en el proyecto del suburbano depende en gran medida la buena salud del mismo. Por ello, el reciente aval expresado por el jefe de la Oficina del BEI en España, Alberto Barragán, supone un balón de oxígeno de peso para los nuevos administradores de la Junta de Andalucía, que lejos de mantener intacto el guión diseñado y pactado hace más de cinco años, optan ahora por transformarlo de manera concluyente.

La disposición del presidente del Gobierno regional, Juan Manuel Moreno Bonilla, es la de borrar de un plumazo toda referencia en los documentos a la prolongación del trazado procedente de Carretera de Cádiz hasta el entorno del Hospital Civil. La posición del mandatario regional es si cabe más concluyente por cuanto en sus primeros anuncios no sólo desecha la idea de llegar a este punto en superficie, opción a la que se viene opinando desde hace meses, sino también bajo tierra, alternativa que convirtió en eje de su campaña electoral.

La transformación pretendida por la Junta, puesta sobre la mesa antes de mantener contacto alguno con los dos socios necesarios en la operación, la concesionaria y el BEI, tiene efectos indiscutibles en las condiciones contractuales vigentes entre las partes desde mediados de 2014. De esa fecha data la última de las variaciones del esquema de funcionamiento y financiación del Metro, diseñado tras la firma en noviembre de 2013 de un protocolo de intenciones que acortaba hasta la Alameda el trazado soterrado inicialmente proyectado hasta la Malagueta, y, como complemento, incluía la construcción a ras de calle del tramo al Civil.

En este contexto y con este escenario de pactos vigentes, cabe preguntarse por la red de seguridad tejida para salvaguardar en todo momento las garantías de cobro al BEI, por un lado, y la estabilidad de los socios privados adjudicatarios de la explotación comercial en el supuesto de un incumplimiento contractual por parte de la Junta.

En el caso concreto del banco europeo, que ha llegado a aportar del orden de 325 millones de euros, la letra pequeña le deja en una situación de absoluta seguridad. Nueve son las garantías plasmadas negro sobre blanco en el contrato para que, en el supuesto de quiebra de la iniciativa, "para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias y financieras derivadas", cuya efectividad se prolonga al menos hasta el 15 de diciembre del año 2030.

  1. Primera prenda sobre la totalidad de las acciones, así como sobre los derechos de crédito de los accionistas frente a la sociedad. (O lo que es lo mismo, llegado el momento, podría hacerse con la titularidad de las acciones).
  2. Primera prenda sobre la totalidad de los derechos de crédito derivados en favor de la sociedad del contrato de construcción de las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga suscrito por Metro Málaga S.A. y la UTE Metro Málaga en fecgha 5 de septiembre de 2005 y del contrato de suministro de material móvil que la sociedad celebre en su momento con Construcciones Auxiliares de Ferrocarriles (CAF).
  3. Cesión para pago de todos los derechos de crédito de la sociedad frente a la Agencia de Obra Pública derivados del parámetro A de las aportaciones que la Administración debe hacer a favor de la sociedad. (Esta suma es la que aporta anualmente la Junta de Andalucía para compensar la diferencia entre el valor real del trayecto y el precio que pagan los usuarios).
  4. Primera prenda sobre la totalidad de los derechos de crédito de la sociedad frente a la Agencia de Obra Pública derivados del parámetro B de las aportaciones que la Administración debe hacer a favor de la sociedad. (En este caso, se aplica al abono que desde la puesta en servicio del Metro y al menos hasta 2020 tiene que aportar la Junta por la diferencia entre los viajeros reales que usan el Metro y los que fueron estimados en los estudios de demanda original como consecuencia de los retrasos en la obra y el incumplimiento de los plazos por parte de la propia Administración).
  5. Cesión para pago de todos los derechos de crédito de la sociedad frente a la Agencia de Obra Pública derivados de la eventual resolución, rescate o extinción anticipada de la concesión.
  6. Promesa de hipoteca sobre la concesión, que constituirá la sociedad a petición del BEI ante determinados supuestos.
  7. Primera prenda sobre la totalidad de los derechos de crédito de la sociedad relacionados con las cuentas del proyecto (cuentas de ingresos, cuentas de reserva para el servicio de la deuda, cuenta de reserva para gastos de ampliación de material rodante y cuenta de inversiones asociadas”.
  8. Primera prenda sobre la totalidad de los derechos de crédito derivados a favor de la sociedad de las pólizas de seguro.
  9. Compromiso de los accionistas y de las sociedades de sus respectivos grupos, de subordinación de sus créditos frente a la sociedad respecto a la financiación del BEI.

Todo ello, por más que ciertamente el crédito vigente, del que se adeudan aún unos 287 millones, está contraído por la concesionaria, tiene una incidencia clara sobre la Junta. ¿Por qué? Porque las condiciones incluidas en el contrato depositan sobre las arcas autonómicas el papel protagonista. Así consta en los documentos oficiales, en los que se subraya la necesidad de evitar a toda costa "el riesgo de liquidez" de la sociedad concesionaria, al que se llegaría si la empresa no dispusiera de los fondos suficientes para "hacer frente en todo momento a sus obligaciones de pago".

"Mientras el contrato de crédito con el BEI permanezca en vigor, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía se compromete a realizar en favor de la concesionaria las aportaciones económicas necesarias para que ésta atienda cualesquiera obligaciones de pago asumidas en virtud del contrato de crédito", sostiene el contrato. Y precisa que durante el denominado periodo transitorio, la agencia "se compromete de forma incondicional e irrevocable a realizar a favor de la concesionaria las aportaciones económicas necesarias para que ésta disponga con la antelación suficiente de los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones relativas a ratios establecidas en el contrato de crédito".

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios