Análisis La economía irregular cobra protagonismo

La crisis dispara el pago en negro y la picaresca para cobrar el desempleo

  • La Inspección de Trabajo hizo casi 5.000 visitas a empresas entre enero y septiembre y puso 1.398 sanciones, un 56% más · En nueve meses se ha defraudado a la Seguridad Social más del doble que hace un año

Se suele decir que si en Málaga hubiera realmente más de 150.000 parados habría un estallido social en las calles y se mira a la economía sumergida o irregular como el bálsamo que calma la tensión. No hay datos oficiales pero se estima que el pago en negro puede suponer el 20% del Producto Interior Bruto local y, en estos momentos de crisis, esa cantidad puede estar aumentando a pasos agigantados. La Inspección de Trabajo es la encargada de vigilar que no haya fraude a la Seguridad Social y está poniendo, dentro de lo que sus medios le permiten, toda la carne en el asador aunque, como reconoce la directora de la Inspección en Málaga, Mercedes Muñoz, "es imposible llegar a todo".

La lucha contra el fraude es considerada prioritaria por el Gobierno y se está reforzando la plantilla. En estos momentos, según Muñoz, el servicio cuenta con 28 inspectores y, en breve, se van a incorporar otros 26. De ese conjunto, 10 técnicos se encargarán en exclusiva de vigilar tanto la economía sumergida (aquella en la que la empresa no está dada de alta y opera en la clandestinidad) como la economía irregular (aquella en la que la empresa sí está legalmente constituida pero no tiene dados de alta a todos sus trabajadores).

La Inspección se ha puesto seria con el dinero negro y así lo demuestran los datos facilitados a este diario por este organismo público. Entre enero y septiembre los inspectores han realizado 4.976 visitas a empresas en la provincia, lo que supone un incremento del 24,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Esas visitas derivaron en 1.398 infracciones (multaron a casi una de cada cuatro firmas visitadas), un 56,5% más que en los nueve primeros meses del año pasado, por un importe total de 2,13 millones de euros, un 90,8% más.

Se ha disparado el número de multas y su importe, pero es aún más llamativo el hecho de que se ha duplicado con creces el fraude detectado a la Seguridad Social. En los nueve primeros meses de 2009, el importe de las liquidaciones se elevó hasta los 8,4 millones de euros, un 119,5% más que en el mismo periodo del año pasado.

Si se analizan los datos por sectores, la hostelería es el que presenta mayores deficiencias y en el que se documentaron un mayor número de infracciones. De enero a septiembre la Inspección realizó 1.405 visitas y se pusieron 697 multas -casi a la mitad- por un importe de 879.196 euros. En el comercio se hicieron 1.349 visitas con 163 infracciones, y en la construcción 768 visitas con 180 infracciones, entre otros.

Muñoz advierte que la Inspección "trabaja todos los días y a cualquier hora". De hecho, según explica, "muchas veces los empresarios se creen que, por ser de noche o fin de semana, no vamos a ir y no es así. Hemos hecho muchas visitas, por ejemplo, a panaderías de madrugada". La directora de la Inspección afirma que ha visto prácticamente de todo pero lo que más le ha marcado ha sido, en colaboración con las Fuerzas de Seguridad, encontrar talleres clandestinos donde los trabajadores vivían allí en condiciones deplorables.

Al margen de estas situaciones, que son el extremo, Muñoz explica que "somos un país de pillos" y le molesta especialmente la picaresca que usan algunas personas para trabajar de forma irregular y, además, cobrar el paro porque "perjudican a otras personas que sí están realmente en el desempleo y con problemas".

Esa picaresca ha aumentado con la crisis y se detecta de varias formas. Muñoz afirma que hay trabajadores que, en connivencia con la empresa de algún familiar o amigo, firman contratos de un mes, o del tiempo que les reste, para poder cobrar el desempleo aunque no trabajen en esa compañía ni reciban sueldo alguno. Muñoz también se sorprende del escaso número de personas que han solicitado en la provincia la ayuda de los 420 euros. La razón es que, para cobrar ese dinero, el desempleado tiene que asistir de forma obligatoria a unos cursos y, si alguien está trabajando de forma irregular, no tiene tiempo para ir. "Hay cosas que cantan mucho", continúa Muñoz quien es partidaria de poner más controles al dar prestaciones sociales "para que las reciba el que realmente no está trabajando". La crisis agudiza el ingenio, para bien y para mal.

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