Una causa contra la familia. Los abogados de la mujer y la hija de Juan Antonio Roca sostuvieron ayer ante el tribunal que juzga el caso Malaya que María Rosa Jimeno y María Roca han sido procesadas sólo por ser quienes son y no porque existan indicios que sostengan los cargos por blanqueo de capitales que le atribuyen a ambas las acusaciones. El letrado Javier Sánchez-Vera explicó que, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, las cuentas de María Roca fueron utilizadas por el presunto cerebro de la trama de corrupción de Marbella para ingresar premios de diferentes loterías y sorteos que supuestamente habrían sido comprados para lavar dineros obtenidos ilegalmente en Marbella.

La defensa eludió expresamente pronunciarse sobre la veracidad o no de esta afirmación. Simplemente recordó que, siguiendo las tesis de las acusaciones, esa actividad es atribuible a Juan Antonio Roca, no a su hija, aún cuando fuera la titular de las cuentas bancarias. Y visto así "no es un hecho punible", dijo el abogado, "si acaso un hecho putativo, que no es delito". Se trata, por tanto, de un comportamiento omisivo que incluso exime a la hija de Roca de la obligación de denunciar, puesto que hijos, esposos y padres están exentos de declarar en contra de sus familiares directos. El abogado, que cuestionó la legalidad de la orden de detención de María Roca que dictó el juez de instrucción por inmotivada y desproporcionada, aludió al derecho germánico medieval que permitía a cualquier miembro de una familiar penar el delito que hubiera cometido otro.

Anticorrupción afirma en su escrito de acusación provisional que Juan Antonio Roca presumiblemente blanqueó 646.000 euros a través de la compra de boletos y billetes premiados en sorteos y que utilizó a su hija y fundamentalmente a su mujer en esta actividad. La misma línea argumental utilizó el letrado Alonso Rafael Fernández, cuando reconoció que informó a María Rosa Jimeno, esposa del supuesto cerebro de la trama de corrupción, de que había sido detenida única y exclusivamente por ser la mujer de quien era. Esta defensa aludió a cómo sin agotar otros medios de prueba se llevaron a cabo unas intervenciones telefónicas que lo único que pusieron de manifiesto era que se trataba de una persona que se ocupaba de "comprar peras y manzanas", "colgar cortinas y mover muebles" y no de hablar con "constructores, promotores, concejales o funcionarios".

El abogado puso en solfa la necesidad de las escuchas telefónicas que el juez ordenó a María Rosa Jimeno a través de un "auto estereotipado" y carente de "motivación fáctica y jurídica"

La defensa de María Roca ha sido también y por el momento la primera que ha advertido contra el nuevo papel que asumirá la Policía Nacional en el macrojuicio por el caso Malaya. Lo habitual en los procedimientos penales es que los agentes de Policía participen como testigos que ante un tribunal hablan exclusivamente sobre aquello que vieron. En este asunto, sin embargo, los agentes de la Udyco que llevaron a cabo la investigación declararán como peritos, o sea, como expertos que observan unos hechos pero también los interpretan. El abogado José Sánchez-Vera afirmó que esa nueva posición hará que los miembros de la Udyco "traten de adueñarse del plenario", presentando los informes policiales como si fuesen pruebas. Esta excepción, según Sánchez-Vera únicamente se ha utilizado hasta ahora en las causas por terrorismo.