Los delitos perpetrados por menores de edad no dejan de incrementarse cada año. El pasado año 2007, los juzgados malagueños contabilizaron hasta 1.800 hechos delictivos, cinco al día, mientras que un año antes los delitos se quedaron en los 1.220.

El repunte se deja notar desde 2005. Entre enero y noviembre de ese año, la Fiscalía malagueña abrió 4.100 diligencias por distintos tipos de delito, mientras que en el mismo período de un año después, fueron exactamente 5.100.

Los tres juzgados de menores de la provincia de Málaga tienen juicios tres veces a la semana, con una media de entre 12 y 15 al día. Los delitos más frecuentes son las lesiones, provocados sobre todos en peleas, y los hurtos.

El Ministerio Público lo achaca a tres cuestiones muy concretas: un mayor número de hechos denunciados que antes no trascendían a la esfera pública (como el maltrato familiar), un aumento progresivo de la población malagueña y un incremento de la población inmigrante, sobre todo procedente del Norte de África, con menores que viajan solos y que en muchos casos "van a tener como único medio de vida la comisión de hechos delictivos" para contribuir al sostenimiento de su familia.

Este avance de la delincuencia se produce, pese a los buenos resultados de las medidas de carácter social que se imponen a las de internamiento. Y de la última reforma de la Ley del Menor, que considera la reincidencia como un agravante.

El año pasado, los jueces dictaron 365 medidas de libertad vigilada, 284 de prestación de servicios y sólo 127 de internamiento. Málaga cuenta actualmente con 60 plazas en los dos centros de internamiento de Torremolinos y este año espera ampliar su capacidad con 20 plazas más.

La prestación de servicios conlleva el cumplimiento de una pena ejemplar y relacionada con el delito cometido. Una sentencia obligó a un joven que había maltratado a sus abuelos a cuidar de los ancianos de un asilo, otra condenó a un chico que había cometido un delito de tráfico a acompañar a personas que quedaron discapacitadas tras sufrir un accidente y, en otras muchas ocasiones, las medidas consisten en un trabajo en una empresa o en el aprendizaje de un oficio.

Los profesionales de Alme, ONG que tramita las medidas impuestas por los jueces, recuerdan el caso de un chico que cumplió su castigo en el hospital psiquiátrico San Juan de Dios de Málaga, donde al término de la pena le ofrecieron un contrato. Cuentan los trabajadores del centro psiquiátrico que es un gran trabajador: diligente en el trabajo y de trato excepcional con los enfermos, con los que había conseguido una gran empatía. Él jamás lo habría ni imaginado.