Málaga

Los desahucios por impago de alquiler superan a los hipotecarios

  • El Sindicato de Inquilinos de Málaga alerta de la situación "vulnerable" de quienes viven de alquiler

Adrián Broncano, Simona Frabotto, Curro Machuca y Ruth de Frutos, del Sindicato de Inquilinos de Málaga. Adrián Broncano, Simona Frabotto, Curro Machuca y Ruth de Frutos, del Sindicato de Inquilinos de Málaga.

Adrián Broncano, Simona Frabotto, Curro Machuca y Ruth de Frutos, del Sindicato de Inquilinos de Málaga.

En Málaga ya son más las familias desahuciadas por no poder hacer frente al pago del alquiler, que las que pierden su casa por el impago de la hipoteca. Este es uno de los datos que se desprenden del Informe presentado ayer por el Sindicato de Inquilinos de Málaga, y que, según subrayaron varios miembros de esta plataforma, refleja la "situación de vulnerabilidad" que sufren las personas viven en régimen de arrendamiento.

Según el estudio, titulado 'El derecho a la vivienda en Málaga: un derecho fundamental a la intemperie', en el último año se produjeron un total de 1.078 lanzamientos de viviendas, de los que el 52,5% correspondieron a desahucios por impago de alquiler.

Esta es una de las consecuencias del incremento del precio de los alquileres, provocado por el boom de las viviendas turísticas y por la especulación de los grandes grupos inmobiliarios que, según denunciaron, deja a los arrendatarios "desprotegidos". Así, Málaga, con 1.393 euros de media, se sitúa como la cuarta provincia española donde el precio del alquiler es más alto, por detrás de Baleares, Madrid y Barcelona. De hecho, precisaron que los malagueños destinan más de 40% de su renta anual al pago del alquiler.

Este Sindicato se creó hace unos meses en Málaga para hacer frente a esta problemática, siguiendo el ejemplo de otras ciudades como Madrid y Barcelona. Reclaman, entre otras cosas, una mayor duración de los contratos, la regulación de los precios para que estos sean "accesibles y justos" y la moratoria de las licencias de apartamentos turísticos "hasta que haya un nuevo marco legal más garantista". En las próximas semanas tienen previsto reunirse con los grupos políticos municipales para trasladarles las conclusiones del informe y sus reivindicaciones.

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