El Ayuntamiento de Ronda había anunciado que no autorizaría la ampliación de terrazas en la ciudad para permitir una mayor capacidad a los establecimientos de hostelería ante la limitación impuesta por el Gobierno central sobre solo poder utilizar el 50% de su capacidad y tener que guardar una distancia entre mesas de dos metros. Una decisión inicial que se justificó en la imposibilidad de poder conceder esta ventaja a la totalidad de negocios y considerar que podría ser discriminatorio para aquellos que por falta de espacio en su zona de ubicación no pudiesen acceder a esta ventaja.

Mientras tanto, los hosteleros, que se han formado un grupo compuesto por unos 200 locales, solicitaron al Ayuntamiento que sí autorizara ampliaciones de las terrazas en aquellas zonas en las que fuese posible hacerlo mediante la utilización de espacio de la vía pública que no tuviese este uso y que permitiese cumplir con las medidas de seguridad y distanciamiento social.

Ahora, tras las peticiones de los hosteleros, desde el Consistorio se anunció este jueves que se había procedido a conceder autorización para que 43 establecimientos que lo habían solicitado pudiesen ampliar sus terrazas al creer que se podía hacer de forma segura.

No obstante, no todos han tenido la misma suerte, ya que otras 16 solicitudes han sido denegadas al considerar los técnicos municipales responsables de esta área que no era viable el poder ocupar más espacio y compatibilizarlo con seguridad y las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno central.

Eso sí, la edil responsable del este departamento, María del Carmen Martínez, anunció que se trata de una medida provisional que solo estará en vigor has finales del mes de junio coincidiendo con la fecha prevista para la finalización de la desescalada, aunque irá en función de si finalmente para esa fecha el Gobierno central levanta el estado de alarma actual.

Además, explicó que se había tratado de agilizar al “máximo” el proceso para que los negocios tuviesen de este modo la oportunidad de compensar en alguna medida las pérdidas sufridas por los dos meses de cierre obligatorio que había decretado el Gobierno central como medidas de prevención para tratar de frenar la expansión del coronavirus. De igual modo, también se decretó que durante la duración del estado de alarma serán gratuitas