El Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga ha presentado un informe con el que pretende que la ex directora de la conocida como Protectora de los horrores de Torremolinos, Carmen Marín, imputada por el presunto exterminio de casi 3.000 animales, sea también acusada por el presunto delito de falsedad documental. Para ello, ha aportado pruebas de que supuestamente usó la firma de un veterinario con fecha posterior a su jubilación y a su fallecimiento para justificar un listado de animales sacrificados en las instalaciones de Parque Animal.

El colectivo ha presentado de nuevo un certificado, que ya aportó en diciembre de 2012 al Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos y del que no se ha pronunciado, en el que se hace constar que el veterinario en cuestión fue colegiado en activo hasta el 31 de diciembre de 1986 cuando se jubiló y que fue dado de baja del Colegio el 17 de enero de 2010 tras fallecer a los 89 años.

Sin embargo, según el escrito de la acusación particular que ejerce el Colegio Oficial de Veterinarios, su firma y su número de colegiado aparece supuestamente en uno de los listados después de esas fechas. Asimismo, se han incluido las cartas remitidas al colectivo por tres veterinarios cuyos sellos, nombres, firmas y números de colegiados aparecen en las diligencias judiciales "sin que los mismos hayan firmado ni intervenido en dichos listados".

Así, la acusación que ejerce el Colegio ha presentado un recurso de reforma y subsidario de apelación contra la providencia del Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos tras el auto de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga, con fecha del pasado 4 de diciembre y al que ha tenido acceso este periódico, en el que desestima por una cuestión de forma la petición que hace un año realizó la Fiscalía de Málaga para que Carmen Marín también fuera juzgada por el delito de falsedad documental.

El fiscal insistió en un escrito remitido al juez que existe "base indiciaria suficiente" como para incluir el delito de falsedad documental en el auto de imputación emitido en junio de 2012. En ese documento, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos consideró que había indicios para imputar a la presidenta de Parque Animal los presuntos delitos de maltrato animal continuado e intrusismo profesional por la muerte de 2.865 perros y gatos en apenas dos años, pero ordenó el sobreseimiento provisional y archivo de los delitos de falsedad documental y denuncia falsa de los que también fue acusada en un principio junto a otro empleado.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial ha confirmado ahora la imputación por maltrato e intrusismo al desestimar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la imputada. Pero la Fiscalía ya ha anunciado que va a adherirse al recurso del Colegio de Veterinarios para pedir diligencias complementarias sobre la posible imputación del delito de falsedad documental.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ya alertó de la presunta falsedad cometida por Carmen Marín. En sus diligencias, señaló que el Ayuntamiento de Torremolinos que preside Pedro Fernández Montes (PP) supuestamente facilitó que ésta sacara del área de Medio Ambiente varios listados de animales, sacrificados en la protectora y que el centro debía presentar al Consistorio al ser éste el que pagaba los gastos de incineración, que habían sido registrados oficialmente con anterioridad para "subsanar deficiencias" una vez que había comenzado la investigación que causó su detención en noviembre de 2010.

La Guardia Civil señaló en su informe que "se tiene la plena certeza de que a la presidenta de Parque Animal le han sido entregados desde el Ayuntamiento de Torremolinos determinados listados de animales retirados para incineración correspondientes a varios meses a fin de que ésta subsane las deficiencias que presentan los listados de animales incinerados sobre la firma y el sello de los veterinarios y que volvieron a ser entregados al Consistorio con diversas correcciones estampadas a bolígrafo".