El comité de empresa de Limasa decidió ayer mantener la huelga prevista a partir del lunes pese al ofrecimiento de los socios privados y tras una jornada interminable de reuniones. La aceptación por parte de los accionistas mayoritarios de la empresa -FCC, Urbaser y Sando- de renunciar al 2% del beneficio anual que estipula el pliego de condiciones del contrato firmado con el Ayuntamiento en 2001, y que este año se estimaba en algo más de 600.000 euros (900.000 euros según el comité), no es suficiente para los trabajadores, que ahora exigen a los socios que se cumplan algunas de las mejoras plasmadas en el convenio laboral que firmaron hace dos años.

La decisión de no desconvocar el paro indefinido anunciado la pasada semana la dio a conocer ayer a última hora el comité de empresa -formado por UGT, CGT, UTL, CSIF, USO y CCOO-, a pesar de que este periódico pudo saber que algunos de los sindicatos representados propusieron que sean los propios trabajadores en una asamblea que estaba convocada para el sábado que sean los que voten a favor o en contra. Las posturas entre las partes están "demasiado distantes", apuntó ayer un miembro del comité de empresa de Limasa, que aseguró que han enviado una nueva propuesta al Ayuntamiento y a los privados en la que "hemos calculado el esfuerzo económico que deben hacer en proporción al que nos han pedido a nosotros".

El comité de empresa exige que, al menos, se cobre el 0,5%, aunque la empresa había decidido congelar los salarios este año y no aplicar la subida adicional del 2% firmada en el convenio que se encuentra en vigor desde 2010. Además, piden que ese porcentaje de subida no se congele, que la paga de productividad para evitar el absentismo laboral se abone en su totalidad y que no se penalice a los empleados que se den de baja e incorporar más trabajadores fijos a la plantilla, entre otras medidas. Tampoco están de acuerdo con que los socios del Consistorio en la empresa mixta de limpieza no quieran renunciar al canon que reciben anualmente por asistencia técnica y que ronda los 2,1 millones. No obstante, fuentes de Limasa aseguraron ayer a este periódico que las reivindicaciones del comité de empresa van más allá. Entre ellas destacan la solicitud de 300 euros más en la paga de enero, seguir trabajando los festivos con el criterio que ellos establezcan y renunciar a los seis días más de vacaciones que figuran en el convenio a cambio de tres días más de asuntos propios.

Así las cosas, el comité de empresa tiene previsto acudir hoy a primera hora a la cita convocada por la Junta de Andalucía para conocer la decisión acerca de los servicios mínimos de limpieza que se deberán cumplir en el caso de que la huelga finalmente se lleve a cabo a partir del lunes. También en este caso las posturas de las partes están bastante encontrados y, mientras la empresa considera que debe garantizarse la asistencia del 65% de la plantilla, los representantes de los trabajadores entienden que no más de un 5%.

Pero la mañana de hoy será nuevamente intensa porque a las 12:00 del mediodía todas las partes están convocadas por el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) como última salida para tratar de llegar a un acuerdo que evite el paro indefinido. Pero mucho tienen que cambiar las cosas porque, al parecer, los socios privados no están dispuestos a ceder más allá de lo planteado ayer. Precisamente, tras el compromiso arrancado a los accionistas de Limasa, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, daba casi por hecho ayer por la mañana que los trabajadores de la empresa mixta de limpieza iban a aceptar el acuerdo dado que "queda cubierta perfectamente la sensibilidad mostrada por la empresa en relación al esfuerzo planteado", por lo que señaló que "se cumplen las condiciones para que la huelga sea desconvocada".

Los accionistas privados de Limasa (propietarios del 51% de la sociedad) respondieron así a la petición realizada por el Ayuntamiento de Málaga (dueño del 49% y a la vez cliente) de renunciar a los beneficios que corresponden a este año para que la empresa mixta alcance equilibrio presupuestario y no sea necesario aportar más recursos municipales a la limpieza, además de permitir mantener los 1.254 empleos actuales.