El 31 de octubre de 2013. Ese es el plazo máximo que se marca la concesionaria del Metro de Málaga para poner en funcionamiento de manera parcial los ramales de Carretera de Cádiz y Teatinos con Renfe como punto de unión. Así queda constancia en un reciente informe emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía, al que tuvo acceso este periódico, órgano que desecha la petición realizada por los socios privados de la obra a que la Junta de Andalucía amplíe el periodo de concesión de la infraestructura al constatarse demoras en los trabajos de ejecución del tramo Renfe-Juan XXIII y en el paso bajo el haz de vías de Renfe.

De la documentación consultada se deduce que el planteamiento final de la concesionaria, que ahora ha de ser analizado y contestado por la Consejería de Fomento y Vivienda, supone una nueva alteración respecto a los calendarios manejados después de que se enterrase la opción de que los trenes echasen a andar el pasado mes de febrero. Según lo observado por Málaga Hoy, se daba por buena la posibilidad inicial de prorrogar la inauguración del suburbano antes del 31 de julio de este mismo año, calendario alterado "por circunstancias sobrevenidas".

Los plazos marcados por la concesionaria entran en la línea manejada desde finales del pasado ejercicio por los actuales responsables de Fomento, que desde tras desechar la opción de febrero apuntaron directamente a finales de este año para la entrada en servicio. Cabe destacar que la opción de octubre tiene lógica por cuanto el nuevo medio de transporte se beneficiaría del inicio del curso universitario, con lo que ello tiene de positivo en captación de viajeros. Formalmente, desde la Consejería encabezada por Elena Cortés se elude precisar fecha alguna para la entrada en servicio de la infraestructura, más allá de insistir en que este hito tendrá lugar antes de que finalice el ejercicio.

La trascendencia de esta prórroga se deja sentir, igualmente, en las relaciones financieras con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), principal aporte económico de la obra. Fuentes próximas al proyecto apuntaron que esta prórroga en la puesta en servicio, que ha de ser valorada por la Junta, es igualmente trascendente en lo que a los aportes económicos del BEI y de la Administración regional se trata. Al respecto, sólo en la infraestructura de la línea 2 y del ramal de Teatinos hasta Renfe, la concesionaria tiene aún que recibir, en diferentes etapas, del orden de 47 millones por parte del BEI y de otros 32 millones de la Junta.

La demanda de informe al Consejo Consultivo se produce en la necesidad de determinar si hay o no razones para ampliar el periodo de concesión del que dispone Metro Málaga, actualmente fijado hasta el 3 de diciembre de 2042. Y sobre ello, el ente concluye que no ha lugar a la reclamación, si bien sí acepta la posibilidad de ampliar los plazos de ejecución y de puesta en funcionamiento.

La negativa a la petición de la concesionaria se fundamenta en las causas del retraso en los trabajos de construcción del tramo Renfe-Juan XXIII y el paso bajo las vías de Renfe si bien no son imputables al contratista, tampoco son motivo de ampliación del periodo de explotación. De forma detallada, el informe alude a tres causas de demora. La primera de ellas es la aparición de restos arqueológicos en la traza; lo que justifica la demora en la ejecución de la obra, "dada la necesidad de documentación y conservación de los restos arqueológicos". La segunda, la falta de disponibilidad de los terrenos autorizados por parte del área municipal de Tráfico, lo que obligó a demorar el inicio de los trabajos en cuatro meses (15 de julio de 2009 al 14 de noviembre de 2009). La tercera, se refiere a incidencias geotécnicas durante la ejecución de los muros pantalla y los jet-grouting.

De la resolución emitida por el Consejo Consultivo llama la atención el voto particular emitido por uno de los consejeros, Francisco J. Gutiérrez Rodríguez. El mismo discrepa sobre el hecho de que se haya admitido la petición de dictamen facultativo por parte de la Consejería de Fomento, cuando a su juicio no tendría que haber sido admitida. Más contundente es incluso cuando a tenor de la petición que hace el contratista y de la respuesta que da la Administración regional en su propuesta de resolución a la misma, llega a señalar "Cabe sostener que con dicha resolución se está produciendo una modificación encubierta del contrato al menos una interpretación del mismo que no es la que mantiene el concesionario". ¿Por qué? Apunta a que se accede a modificar el plazo de finalización de las obras, "pero no el de concesión", cuando "ambos plazos están íntimamente conectados". Y va a más al cuestionar que el dictamen del consejo "acabe culpando al Ayuntamiento de Málaga de los retrasos en las obras del Metro cuando ni siquiera lo hace la propuesta de resolución 9 de mayo de 2013 de la Consejería de Fomento". En esta línea, agrega que "sorprende" que pese a que la Junta reconoce que el retraso de 5,3 meses por causa de incidencias técnicas le resulta a ella imputable, "el consejo, sin mayor análisis o fundamentación, considere que no es así".